El Poder Judicial de Córdoba publicó un informe estadístico sobre las resoluciones a los pedidos de cese de prisión preventiva durante 2014, luego de que la Corte Suprema haya dictado el fallo que cuestionó el criterio restrictivo para las excarcelaciones. De los pedidos efectuados, el 76% fue rechazado.
En marzo de 2014, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo "Loyo Fraire" por el cuál instó al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a que revea su criterio restrictivo en cuanto al otorgamiento de excarcelaciones.
El Máximo Tribunal provincial no hacía lugar a los pedidos de cese de prisión preventiva hasta que las sentencias no estén firmes. El fallo había expuestro que "el encarcelamiento no deja de ser cautelar, y entonces la decisión debe contener la motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a los requisitos impuestos por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, entre ellos, el de la necesidad, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto". El Tribunal Superior de Justicia, entonces, dictó un nuevo fallo bajo los parámetros dispuestos por el Máximo Tribunal de la Nación.
Transcurrido un año desde ese evento, un informe del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, que tomó como base las resoluciones informadas por las dependencias judiciales a la Secretaría Penal del TSJ, arrojó que, en lineas generales, no hubo grandes cambios. Entre el 12 de marzo al 31 de diciembre de 2014, hubo 1035 pedidos de cese de prisión preventiva, de los cuales fueron receptados favorablemente 268, es decir, el 26%. Hubo además 756 rechazos que redondean un 76% de los casos, 6 declarados abstractos (0,6)%, y 5 desistidos (0,5%).
En cuanto a la etapa procesal en las que fueron dictadas las resoluciones, el informe arroja que 485 casos se dieron durante la Instrucción, lo que representa un 46,86% de los casos. En la etapa de juicio hubo 856 casos, que equivalen a un 52,85%. En Instrucción, los principales órganos que resolvieron los pedidos fueron las fiscalías de Instrucción (218 casos), y los Juzgados de Control (262), las Cámaras de Acusación actuaron en reducidas ocasiones, sólo 5. En cambio, en la Instancia de Debate, las Cámaras Criminales llevan la delantera con 535 casos, muy por atrás llegan los Juzgados Correccionales (8) y los Juzgados de Ejecución (4).
El requisito de sentencia firme para conceder las excarcelaciones, lo que resultó el punto más álgido de discusión a la hora de recurrir ante la Corte, también cuenta con datos estadísticos. La preeminencia de las resoluciones fueron en la etapa preparatoria, es decir, cuando no existía un pronunciamiento firme. El informe indica que el 74% de los casos (764) fueron resueltos antes de la condena, y el 26% (271) después.
La disgregación entre pedidos cuando el solicitante no contaba con sentencia condenatoria también fue un dato de referencia. El informe demuestra que hubo 271 casos resueltos cuando el peticionante contaba con sentencia condenatoria. En el el 81,5% de ellos, el cese de prisión no fue concedido y el 15,5% lo fue. Hubo 764 pedidos resueltos antes del dictado de un prronunciamiento, los procentajes en esos casos fueron: 69,9% no concedidos y 29,6% concedidos.
Hubo 42 casos en los que el cese de prisión fue concedido habiendo sentencia condenatoria, los datos indican que el mayor porcentaje se encuentra en condenas calificadas como "bajas" y "medias", las bajas, que van de 1 a 5 años de prisión, contaron con 16 casos; las medias (de 5 a 11 años), con 14. Exisitieron 5 casos con penas "medias-altas" (11 a 17 años), ninguna "alta" (18 a 25 años) y 1 sólo caso de condena "más gravosa" (24 a 28 años de prisión o reclusión perpetua).