La Corte Suprema de Justicia dejó en stand by la implementación obligatoria del expediente electrónico hasta septiembre. La medida se originó en un pedido del Colegio de Abogados porteño para que no se apliquen los cambios, que estaban previstos para principios de mayo. La opinión del ex presidente del CPACF, Jorge Rizzo.
El Máximo Tribunal de Justicia de la Nación hizo lugar al pedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y difirió la implementación obligatoria de la Acordada 3/2015 hasta septiembre. “Por cuestiones técnicas y a fin de facilitar la aplicación de las cláusulas establecidas por la Acordada”, fue la razón esgrimida.
La decisión se dio a conocer este miércoles, en el acuerdo celebrado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, quienes suscribieron la Acordada 12/15.
El pedido fue formulado por el CPACF la semana anterior, a través de una presentación firmada por el presidente de la institución, José Roberto López, dirigida al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. En la misma se aclaraba que el fundamento de la petición se debía al cambio cultural “que necesariamente se impone en la vida de todos los abogados, no sólo con respecto al Sistema de Notificaciones Electrónicas, sino también a lo dispuesto en las acordadas 11/2014 y 8/2012 de ese Alto Tribunal” .
La pospuesta Acordada fijaba “la progresiva estandarización de carátulas, cédulas, formularios, mandamientos, edictos, oficios, ingreso de causas web, elevaciones certificados de elevación, entre otros”, y dispone que a partir del primer día hábil de mayo pasa a ser obligatoria a denuncia Identificación Electrónica Judicial (IEJ) y el ingreso de copias digitales para a “todos los actos procesales de los expedientes en trámite y las copias subidas por los letrados tendrán carácter de declaración jurada en cuanto su autenticidad”.
“Somos conscientes que todo cambio es resistido en principio y se profundiza con el desconocimiento que genera la incertidumbre sobre las cuestiones procesales que conlleva así como el desconocimiento, para la mayoría de los abogados afectados, de las herramientas informáticas necesarias que deben emplearse en este nuevo sistema”, expresaba la nota.
El CPACF argumentó que estaba capacitando a sus matriculados para la implementación del nuevo sistema, y que en ese sentido, han participado de las charlas informativas en esta Institución cerca de 7500 abogados y siendo al culminar el mes de abril de acuerdo a las inscripciones recibidas al programa, otros casi 3000. La cuestión es que el organismo cuenta con cerca de 80 mil matriculados, por lo que, por una cuestión de tiempo, la mayor parte de los letrados aún no pudo adentrarse en las nuevas disposiciones.
“Si bien la cantidad es importante, resulta sumamente escasa en relación con el total de los abogados matriculados que ascienden –aproximadamente-, a la cantidad de 85.000 abogados activos, por lo que la capacitación fue dictada a un 10% del total”, aclaró la nota al respecto, y luego pasó a detallar que “por más esfuerzos, no hemos podido dictar cursos más extensivos debido a las limitaciones edilicias y temporales por lo que, debido a la proximidad de la entrada en vigencia de la misma, consideramos necesaria suspender las próximas etapas y prorrogar su entrada en vigor”.
“También es importante poner en su conocimiento que muchos letrados carecen hoy del equipamiento técnico necesario para poder sumarse a este avance tecnológico, por lo que nos encontramos analizando los medios para asistirlos en la actualización de las herramientas necesarias (computadoras, scanners, etc.)”, agregó el presidente del Colegio Público.
La reacción del CPACF
Desde el organismo se mostraron conformes con la decisión, pero aclararon que el plazo de prórroga no es el adecuado. Jorge Rizzo, ex presidente y actual vocero del CPACF le manifestó a Diario Judicial que estaban “satisfechos por la prorroga” aunque reconoció que la decisión de la Corte Suprema no ampara “los tiempos que hace falta para su mejor implementación”.
Para Rizzo, la implementación obligatoria del actual sistema en las condiciones dadas “deja afuera a los abogados viejos”. Pero no sólo habló desde la óptica de los letrados, ya que incluso dio cuenta de reuniones mantenidas con integrantes de distintas Cámaras de la Justicia Nacional, quienes le señalaron que el sistema “es impracticable”.
El ex titular del Colegio por tres periodos consecutivos también precisó que la implementación del nuevo sistema se da en el contexto de grandes reformas legislativas que afectan directamente el ejercicio profesional. “Tenemos el nuevo Código Civil cuya aplicación se adelantó seis meses, el Código Procesal Penal, el Digesto Jurídico y ello, sumado a lo dispuesto por la Acordada 3/2015 significa una sobrecarga de trabajo descomunal para los abogados que ejercen la profesión de manera independiente”, puntualizó, por lo que sugirió una implementación gradual del nuevo sistema.
Rizzo no descartó que, dependiendo de las circunstancias, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal realice un nuevo pedido respecto de la implementación del nuevo sistema, e incluso barajar la posibilidad de hacer una presentación formal ante la Justicia.