En el marco de una fuerte discusión parlamentaria por la creación de cargos de magistrados y fiscales en la provincia, el gobernador Daniel Scioli avanzó en la designación de siete nuevos jueces que integrarán el Cuerpo de Magistrados Suplentes, un órgano creado para que sus miembros garanticen el funcionamiento de los juzgados ante casos de enfermedad o renuncia.
De esta forma, el Cuerpo, que depende del Ministerio de Justicia provincial cuenta ahora con 63 miembros. Su creación está contemplada en la Constitución provincial y fue puesta en funcionamiento a través de las leyes 13.837, 14.008 y 14.371.
Al mismo tiempo, el primer mandatario provincial llegó a un acuerdo con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) para que las personas que hayan sido víctimas de cualquier tipo de delito y no puedan afrontar los gastos de asesoramiento, lo tengan de forma gratuita.
En orden a la designación de jueces, se tratará de magistrados que actuarán en los puestos vacantes de los fueros Civil y Comercial, de Familia y de Paz; Penal, de Menores y Penal Juvenil; Laboral y Contencioso Administrativo.
Para la Región I, que contempla a departamentos judiciales de La Plata Lomas de Zamora, Quilmes y Moreno-General Rodríguez, fueron designados los jueces suplentes José Luis Cociña y Gustavo Gabriel Petracca; para la Región 5, que comprende Azul, Mar del Plata y Dolores se nombró a los jueces Patricia Sara Gunsberg, Carlos Ubaldo Méndez y Daniel Horacio Morbiducci; y finalmente, para el fuero Laboral de esta misma Región, fue designado Orlando Daniel Cippitelli.
En tanto, en el acuerdo con el COLPROBA, firmado por su titular, Bienvenido Rodríguez Basalo, se suscribió que los gastos del asesoramiento correrán por cuenta del Gobierno provincial, y abarcará a todos los habitantes del territorio bonaerense.
Más concretamente, la mitad de los honorarios correrán por la provincia y por su parte, los letrados dejarán de cobrar algunas tasas correspondientes para estos casos. De esta forma, la asistencia será completamente gratuita para las personas que no puedan abonarla.
El ministro de Justicia, Ricardo Casal, explicó que “a los abogados intervinientes se le brindará una capacitación específica y cobrarán, por parte del Estado, el cincuenta por ciento de los honorarios que le corresponderían, si la víctima hubiese pagado. Además, se les abonará, en concepto adelanto, cinco ius destinados a viáticos y otros gastos”.
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