Contra las cuerdas

Después de varias denuncias de letrados, la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) decidió otorgar una licencia de 90 días a la jueza de Familia de Pilar, Alejandra Velázquez, quien insólitamente faltó 203 días durante el año pasado. Además, y como una situación aun más grave, fue denunciada por el Colegio de Abogados de San Isidro por violencia laboral.

 

Los integrantes del Máximo Tribunal provincial, además de otorgar esta licencia, decidieron encomendar al titular de la Subsecretaría de Control Disciplinario que realice una denuncia penal por los delitos de acción pública por los que la magistrada fue apuntada.

 

Al mismo tiempo, y una vez redactado el informe también encomendado a la Subsecretaría, se notificará de las actuaciones a la procuradora general de la provincia, María del Carmen Falbo, quien también tendrá participación en el proceso. También se designó como jueza subrogante a Silvina Galeliano.

 

Las denuncias realizadas con más énfasis llegaron desde el Colegio de Abogados de San Isidro, desde donde precisaron que si se tienen en cuenta 30 días de feria judicial, la magistrada estuvo inactiva por 233 días durante 2014. 

 

“No es posible conocer a ciencia cierta las razones de tan prolongadas inasistencias, pero si de temas de salud se trata, corresponden algunas ref­lexiones: La ley de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Ares (13.661) establece que la incapacidad física resulta un obstáculo insalvable para que un magistrado siga desempeñándose en el cargo”, precisaron los colegiados.

 

“A este cuadro extremadamente grave y preocupante se añaden circunstancias acerca del desempeño de la Jueza Velázquez que son muy serias tales como violencia laboral, intervención del gremio, falta de presencia en audiencias, delegación de actos procesales naturalmente indelegables, denuncias plurales ante la Secretaría de Control Judicial de la Suprema Corte, destrato a abogados, empleados, y funcionarios, falta de dedicación, incumplimiento de plazos procesales – más allá de las ausencias- etcétera”, afirmaron desde la institución.

 

Por su parte, y en relación a las acciones tomadas, los miembros de la SCBA justificaron su postura alegando que “surge la imperiosa necesidad de adoptar en el ámbito de las facultades de superintendencia del Tribunal acciones de carácter urgente que permitan garantizar la efectividad de la investigación en las distintas esferas de responsabilidad comprometidas en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, como así también evitar la repetición de eventuales irregularidades”.

 

Los integrantes del Tribunal precisaron que “considerando que la naturaleza y gravedad de los hechos denunciados tornan inadmisible la permanencia de la magistrada denunciada en el ejercicio de la función, sin perjuicio de la oportuna intervención del Jurado de Enjuiciamiento”, se impone la concesión de la licencia.