A pesar de lo reconocida que es esta forma de proceder ante ciertos casos de interés público, lo cierto es que no todas las provincias cuentan con la herramienta del Amicus Curiae para que personas físicas o jurídicas aporten datos técnicos, jurídicos o científicos en casos que sean de interés público. Tal era la situación que se vivía en la provincia de Buenos Aires hasta la última sesión de la Cámara Baja.
Allí, se aprobó el proyecto de ley que instaura esta figura en el ámbito de la provincia en las causas que se lleven a cabo ante la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA), el máximo órgano judicial bonaerense ante el que se podrán interponer este tipo de aportes.
Desde los primeros pasos brindados a raíz de la causa por el atentado a la AMIA hasta su regulación posterior en la acordada 28/2004 de la Corte Suprema de la nación, esta figura ha logrado que se realicen aportes significativos a causas de gran trascendencia, y por eso la autora del proyecto en provincia, la senadora Mónica Macha (FpV) afirmó que es un paso adelante para la democratización de la Justicia.
En los fundamentos de la iniciativa, Macha precisó que “a partir de su intensa práctica judicial en Inglaterra, el Amicus Curiae se fue extendiendo a los diversos países de tradición anglosajona, convirtiéndose en un elemento característico del Common Law, frecuentemente utilizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos como por la Corte Constitucional Sudafricana”.
“En la actualidad, su práctica forma parte del procedimiento ante los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, como la Comisión y la Corte Interamericanas o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fuera del ámbito específico de los derechos humanos, es una figura utilizada por la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre las naciones, como es la Organización Mundial del Comercio”, afirmó la legisladora.
La senadora entendió que “estas experiencias en el ámbito del derecho comparado e internacional fueron permeando en una multiplicidad de países de derecho continental, que adoptaron al Amicus Curiae como una manera de fortalecer la legitimación de las decisiones que adopta el Poder Judicial en asuntos de trascendencia institucional”.
“En primer lugar, porque se trata de una figura que promueve la democratización en el ámbito de la justicia, al establecer condiciones equitativas para que las diferentes posiciones en torno a un tema, puedan ser tenidas en cuenta por un tribunal. Desde esta perspectiva, la intervención del Amigo del Tribunal no sólo enriquece el debate constitucional posibilitando que éste sea plural, sino que permite transparentar las prácticas de “lobbying” o “alegato de oreja”, haciendo públicos los intereses contrapuestos que atraviesan a la resolución de un conflicto”, consignó la integrante de la Cámara Alta.
Macha añadió: “En segundo lugar, es también una manera de fortalecer la legitimación de las decisiones que adopta el Poder Judicial en la medida en que los Amigos del Tribunal aportan saberes técnicos y científicos, que muchas veces exceden al conocimiento de los magistrados. Esto es clave en un contexto donde el Poder Judicial ha ido ampliando su intervención a la resolución de acciones individuales o colectivas que se conocen como “litigio estructural”, en las que se busca la transformación estructural de instituciones del Estado en pos del respeto de derechos y valores democráticos consagrados en la Constitución”.
dju
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