Defensa para todas y todos

La problemática de género cada vez está más difundida entre los temas que acaparan la atención de la sociedad: los casos de violencia se replican y desde los diferentes poderes del Estado se busca dar una respuesta a un fenómeno más visible y, no por eso, menos grave. A nivel parlamentario, ya son varias las iniciativas que presentaron tanto diputados como senadores en este sentido.

 

Parece haber un gran nivel de acuerdo en relación a la problemática, porque un proyecto presentado por Juan Manuel Abal Medina (FpV) que busca crear un cuerpo de abogados y abogadas para defender a las víctimas de violencia de género, ya cuenta con el aval de Rubén Giustiniani (FAUNEN) y Gabriela Michetti (PRO).

 

Este organismo descentralizado funcionaría bajo la órbita de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, y tendría autarquía económica y financiera, así como una personería jurídica propia y otras facultades establecidas en el primer artículo de la iniciativa.

 

Entre las tareas del nuevo órgano, además del asesoramiento gratuito para las víctimas de violencia de género, se encomendará la realización de tareas interdisciplinarias con órganos del Poder Ejecutivo, Judicial y del Ministerio Público, además de llevar a cabo actividades de formación y difusión de la labor.

 

Además, los datos recabados deberán ser sistematizados. Esto representa un gran problema, ya que a pesar de los esfuerzos por generar estadísticas abarcativas, los datos sobre violencia de género están subestimados y, sobre todo, atomizados: los entes que recopilan esta información aun no han logrado juntar todo en una sola fuente de referencia.

 

En sus fundamentos, el senador señaló que “la problemática de género no sólo forma parte de la agenda de gobierno sino que también está presente en la agenda mediática e interpela a la sociedad en su conjunto. Las miles de personas que se manifestaron el pasado 3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna de “Ni una menos” son la expresión de un reclamo que llama a redoblar los esfuerzos para hacer efectivos los derechos consagrados en un plexo normativo ejemplar”. 

 

El legislador señaló que “de diferentes edades, sexos y géneros, orígenes étnicos, de variadas procedencias políticas, sociales, geográficas, con distintos niveles de formación y trayectorias, todas alzaron la voz contra las diferentes expresiones de la violencia de género, consensuando la necesidad de concretar avances en torno de cinco puntos muy precisos, uno de los cuales es abordado por el presente proyecto: garantizar el efectivo acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género constituye, en efecto, una materia pendiente impostergable”. 

 

Abal Medina reseñó que “poner a disposición de las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios en todas las esferas de actuación del estado nacional, sean de orden administrativo o judicial o de otra índole, que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos; disponer de servicios de asistencia jurídica gratuita; asegurar las garantías del debido proceso; adoptar medidas como la presente para asegurar la exención de los costos del proceso y el acceso efectivo al recurso judicial, son pasos necesarios que debemos dar para evitar que este tipo de violencia siga escalando hasta sus expresiones más extremas y cobrándose vidas”.

 

El integrante de la Cámara Alta afirmó: “De acuerdo con los datos de la Asociación Civil La Casa de Encuentro, en 2008 una mujer fue asesinada cada 40 horas. En 2014, cada 30. En los últimos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1808 femicidios, que dejaron cerca de 1500 niñas y niños sin madres, no siendo pocos los casos en los que quedaron bajo la tutela de los asesinos”.