La grieta de los nombramientos de la Corte

Las dos vacantes que existían en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fueron cubiertas por el presidente Mauricio Macri a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con pocos precedentes en la historia de nuestro país. Si bien el titular del Máximo Tribunal nacional expresó que recibirán de buena manera a los integrantes, y sin ningún señalamiento extra por el modo, las opiniones estallaron en todos lados: redes sociales, organizaciones, referentes políticos y, también, en el Congreso.

Muchas opiniones se cruzaron en este sentido, y desde el PRO salieron a respaldar fuertemente la decisión del primer mandatario de nuestro país, y tuvieron una posición unívoca sobre la posibilidad de llevar a cabo este procedimiento contemplado en la Constitución nacional.

En este sentido, el asidero de la defensa fue precisamente el hecho de que exista un artículo que prevé esta forma de llevar a cabo nombramientos que, valga la aclaración, no son definitivos. Pablo Tonelli (PRO) afirmó que “el presidente Macri ha actuado con celeridad para cubrir las dos vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia. Y para hacerlo ha recurrido a un procedimiento previsto en la Constitución desde 1853, que se denomina ‘nombramiento en comisión’”.

En este mismo orden, consignó que “se trata de un procedimiento aplicable solo en caso de receso del Congreso, como actualmente ocurre. Por ende, las designaciones son legales y correctas y el presidente actuó como lo requería la situación del máximo tribunal, que no es bueno que permanezca largo tiempo con solo tres de sus cinco integrantes”.

Tonelli agregó, además, que los dos jueces propuestos, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz, son juristas muy respetados y de larga trayectoria. Curiosamente, en este punto hubo varias coincidencias de parte de fervorosos opositores a esta designación: se criticó el método y no a los candidatos elegidos.

La decisión de Macri trajo algunas fracturas al interior del bloque Cambiemos. El senador Julio Cobos (UCR) señaló que la maniobra fue “innecesaria” y que no había razones para llevar a cabo las designaciones de esta forma. A su vez, señaló que cuando se enteró de la decisión se sorprendió.

En la misma óptica que varios de sus compañeros de bloque, que de cualquier forma se manifestaron a favor del proyecto político que encararon, Cobos precisó que si era necesario se debía haber convocado a sesiones extraordinarias. Pero el presidente y varios de sus miembros de Gabinete ya había precisado hace semanas que no se iba a llevar a cabo tal procedimiento y que las discusiones parlamentarias se reanudarían con el nuevo año legislativo.

Su par, Ricardo Alfonsín (UCR) puso en duda la legitimidad de los nombramientos y remarcó que si bien hay gente que opina que la designación no fue ilegítima, “la sola duda acerca de su legalidad afecta la legitimidad del acto”. Afirmó que “deja mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política”.

Una de las más duras en su opinión fue la diputada Juliana Di Tullio (FpV), quien aseguró que fue una decisión “propia de un dictador”. “Es imposible clausurar el Congreso. (Macri) debería llamar a extraordinarias para poder aprobar el pliego de sus dos propuestas”, añadió en esta línea la legisladora.

En una expresión más técnica, Di Tullio observó que “no son atribuciones presidenciales como algún diario pretende instalar, ya que esas atribuciones hablan de empleados como embajadores o ascensos militares pero nunca de los miembros de un poder, en este caso del Máximo Tribunal Judicial de la Nación”.

Su compañero de bloque, Eduardo “Wado” De Pedro (FpV), aseguró que “Macri (por el presidente, Mauricio) comenzó su mandato extralimitándose”, y añadió que esto nunca había sucedido durante los gobiernos democráticos. También señaló en su cuenta de Twitter que las fuerzas que dicen defender las instituciones no pueden “permitir este atropello”.