La lucha contra el crimen levanta vuelo

Como parte del las medidas contra el delito complejo y el crimen organizado, el gobierno nacional declaró la "Emergencia de Seguridad Pública" en todo el territorio argentino por el término de un año.

A través de un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo resaltó la actual “situación de peligro colectivo” y la necesidad de “luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves”. En consecuencia, la ejecución de las políticas de Estado en materia de seguridad y lucha contra el delito serán coordinadas por el nuevo Gabinete de Seguridad Humana.

De esta forma, la resolución comprende "delitos de producción, tráfico y comercialización de estupefacientes; contrabando de armas; asociación ilícita terrorista u organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; fraude contra la Administración Pública; prostitución de menores y pornografía infantil; financiación del terrorismo; extorsión; trata de personas, entre otros".

Entre los puntos más importantes, los gobernadores y el jefe de gobierno porteño “facilitarán y prestarán, coordinadamente con las fuerzas policiales y de seguridad federales, todo el apoyo y logística que se les solicite en sus respectivas jurisdicciones a los efectos del cumplimiento y éxito de las operaciones que se emprendan en la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado”.

Como parte de las medidas, el Gobierno instruyó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Transporte para que “adopten las medidas necesarias destinadas a la coordinación de acciones e intercambio de información con el objeto de reforzar los medios de seguridad en todos los medios de transporte aéreo”. En el mismo sentido, se concedió “la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos”.

Según detalla el documento, el Ministerio de Seguridad propondrá al Poder Judicial de la Nación la “celebración de un convenio con el objeto de interconectar el sistema informático de la Justicia Nacional y Federal con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). De este modo, se busca lograr “la automatización en las comunicaciones de las medidas judiciales de todas las instancias con las fuerzas policiales y de seguridad”.

En cuanto a los delitos de trata y desaparición de personas, se ordenó al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Justicia que “actualicen las bases informáticas de las víctimas del delito de trata de personas y de los menores de edad con el debido resguardo de confidencialidad”.

Por último, se dispuso la convocatoria, por intermedio de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de su personal retirado para prestar servicio. “En ningún caso podrá reintegrarse al servicio personal retirado que haya sido condenado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, que se encuentre procesado penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio por razones disciplinarias”, concluyó el documento.

El control aeroespacial

Dentro de las disposiciones adoptadas en el marco de la “Emergencia de Seguridad Pública”, el Gobierno contempló la posibilidad de "hacer uso de la fuerza" contra aeronaves incursoras.

Así, establece la aprobación de las "Reglas de Protección Aeroespacial", cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas. Las mismas están orientadas a “identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza, como último recurso, a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino”.

Según el procedimiento, una vez realizada la identificación y establecida la comunicación en ambos sentidos entre las aeronaves, las autoridades están autorizadas a la emisión de advertencias u órdenes. En caso de no obtener resultado, está permitido “el uso intimidatorio de la misma por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial, para obstaculizar, impedir o hacer cesar la acción de vectores incursores, sin afectar su integridad”.

En el mismo sentido, está autorizado “el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores declarados hostiles”. Sobre este punto, las armas "sólo podrán ser empleadas cuando el medio incursor sea declarado hostil y se disponga de contacto visual o su individualización”.

La medida, que aún no fue publicada en el Boletín Oficial, reavivó la polémica sobre la denominada Ley de Derribo. En Latinoamérica sólo Venezuela, Colombia y Perú derribaron aviones civiles en el contexto de dicha normativa. Entre 1995 y 2001, las autoridades peruanas atacaron avionetas utilizadas por el narcotráfico. Sin embargo, tras un grave accidente, el programa se canceló hasta agosto pasado, cuando fue aprobada una nueva normativa que permite el derribo de las “narcoavionetas”. Por su parte, Chile, Bolivia y Brasil aprobaron leyes similares pero no llegaron a utilizarla.

En este contexto, las críticas al decreto no tardaron en llegar. La diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer opinó que “la aprobación por decreto el derribo de aviones es un enorme error institucional q puede tener consecuencias irreversibles. Mucho peor sin debate”, y agregó: “El derribo de aviones es un retroceso que no resuelve el problema del crimen organizado. Las medidas deben ser eficaces en sus objetivos”.

Por su parte, el ex ministro de Defensa y actual diputado del Parlasur por el FpV, Agustín Rossi, opinó que su partido tiene “una mirada contraria a la ley de derribo. Creemos que se asemeja a instaurar la pena de muerte sin juicio previo".

De igual forma, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que este tipo de medidas son “ineficaces y acarrean graves consecuencias para la vigencia de los derechos humanos”. Y añadió: "La respuesta a las demandas sociales de seguridad y a las dinámicas de criminalidad compleja (...) resulta una estrategia destinada al fracaso y evita debatir una agenda sobre cómo mejorar la capacidad de intervención del Estado en estos temas, desde las agencias policiales, judiciales y de inteligencia”.

En una entrevista radial, el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, aclaró que "alguien que intrusa con un avión ahora es consciente de que se lo puede derribar. No obstante, Milman explicó que “para llegar a esa situación hay siete pasos que deben cumplirse”.

El ministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, defendió el decisión y afirmó: “Le da facultades al Presidente, al jefe de Gabinete y al ministerio de Seguridad de utilizar sus recursos de manera más eficaz para luchar contra el crimen organizado”. En diálogo con radio Mitre, el funcionario destacó que “nueve de los diez países de la región tienen una ley de derribo. La tienen Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia y Perú, entre otros (…) no es que se andan derribando aviones”.