Los jueces no somos corruptos

El “silenzio stampa” de Ricardo Lorenzetti cesó. Luego de haber sido denunciado por enriquecimiento ilícito durante la última feria judicial, y tras las declaraciones en su contra efectuadas por Elisa Carrió en distintos medios y en el día de ayer, en el marco del debate por la Ley de Acceso a la Información Pública, el Presidente de la Corte Suprema hizo público un comunicado en el que indica que algunas imputaciones “exceden claramente la libertad de expresión y afectan la independencia del Poder Judicial”.

“El respeto de la libertad de expresión, la transparencia, el acceso a la información y el gobierno abierto han sido principios fundamentales defendidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante mi presidencia”, adelanta Lorenzetti, quien admite haber aceptado en silencio “todo tipo de opiniones acerca de mi desempeño y publicado todo lo que hago para que cualquiera pueda controlarlo”.

Pero ahora se decidió a hablar, ya que según el titular del Máximo Tribunal de Justicia, “es necesario defender la independencia del Poder Judicial y de sus magistrados”. 

“En estos años hemos sido, como otros argentinos, investigados, denunciados, presionados reiteradamente, y siempre hemos resistido en silencio para cumplir nuestra función y proteger a la población”, puntualizó el comunicado. 

Lorenzetti además agrega que tiempo atrás “se intentó desprestigiarnos calificándonos de ‘chorros’, lo que fue masivamente criticado, ya que era un ataque a la independencia del Poder Judicial”,  sin aclarar quién lo expuso, pero sugiriendo que “cambian las personas pero siguen las mismas prácticas agraviantes”.

El titular de la Corte, entonces, decidió dar explicaciones sobre las acusaciones que pesan en su contra y en el comunicado da cuenta de cuestiones que hacen a la administración del Alto Tribunal, como así también de sus cuestiones personales

Los fondos de la Corte

En el primer apartado, Lorenzetti se desvinculó de responsabilidad alguna relacionada con licitaciones del comité de inversión del Consejo de la Magistratura, ya que sostiene que pretender que se informe sobre ello “implicaría que la Corte invada esferas de  un organismo autónomo”.

Además, Lorenzetti detalló que la administración de la Corte “es transparente y controlada por  la Auditoría General de la Nación, porque ha sido contratada aún sin obligación legal”, siendo que además todos los dictámenes de este organismo de control “han sido elogiosos y no se han detectado irregularidades”.

El comunicado además aclara que la administración del Consejo de la Magistratura “es absolutamente  independiente de la Corte, y todo su proceso licitatorio responde a ese organismo”. 

Por lo que el denominado “Comité de inversiones”, constituido entre las administraciones de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, tuvo por finalidad - conforme el texto del comunicado - “agilizar las obras en beneficio del servicio de justicia, pero las decisiones y las licitaciones las decide el Consejo y no la Corte, como corresponde constitucionalmente”.

Pero el magistrado nacido en Rafaela fue más atrás, y en el comunicado también se aclaran cuestiones relativas a las denuncias sobre un “pacto ilícito” para el manejo de los fondos del Poder Judicial. 

El magistrado recordó que en 2014 hubo una denuncia de una legisladora, que fue desestimada. Aunque no entró e detalles, hace referencia a la denuncia de la Coalición Cívica -Paola Oliveto Lago - que fue desestimada por el juez Luis Rodriguez, lo que luego fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal.

Lorenzetti, además, hizo referencia a lo resuelto en el fallo “Rizzo” donde la Corte “defendió la independencia del Poder Judicial”. Y que también el Alto Tribunal defendió al ex ministro Carlos Fayt

La invocación de ese precedente no es casual. Poco tiempo después del dictado de ese fallo se publicó la noticia de que AFIP se encontraba investigando los bienes del titular de la Corte. Ese fue el gen de la denuncia de Carrió.

El jurista de Rafaela, igualmente, se encargó en recordar que “todo esto está respaldado por la documentación publicada y también por decisiones judiciales firmes.

Cuestiones personales

En su comunicado, el presidente de la Corte también hizo mención de diversos incidentes que le tocaron sufrir, como la pintada en la casa de su madre, que no fue un hecho aislado, ya que tras ello se le sacó una foto y se la enviaron al celular del magistrado. “Eso no lo hace un particular, sino alguien que posee una organización”, sugiere.

El presidente del Máximo Tribunal también hace referencia en su declaración a la denuncia efectuada por Carrió por enriquecimiento ilícito. El juez explica que en ese momento solicitó a la AFIP que aclare su situación fiscal y que tras reunir la prueba se lo sobreseyó.

“La denunciante no presentó objeción alguna. Cabe observar que se trata de los mismos hechos que denunciara la gestión anterior”, subrayó Lorenzetti, matando “dos pájaros de un tiro”.

Pero Lorenzetti no se queda allí, sino que redobla la apuesta y le endilga a Carrió que conoce su situación patrimonial “mejor que nadie, ya que ha tenido acceso a diez años de declaraciones juradas personales”

“Las declaraciones basadas en imputaciones genéricas, agravios, ofertas a personas para que declaren falsamente, las denuncias infundadas, las llamadas telefónicas y visitas a los jueces y fiscales exceden claramente la libertad de expresión y afectan la independencia del Poder Judicial”, agrega el supremo que, finalmente, responde a la ultima acusación: la de hacer “lobby” para que no se aprueba la designación de Horacio Rosatti como juez de la Corte.

“Quiero aclarar que hace muchos años que conozco al Dr. Horacio Rosatti y a su familia, y me une con él una relación de mutua consideración, por lo cual desmiento absolutamente que hubiera alguna gestión en contra de su nominación. Públicamente he declarado que ambos nominados son bienvenidos, y que nosotros no podemos intervenir en las decisiones del Honorable Senado de la Nación”, concluye Lorenzetti.

Respuesta de la Corte

La contestación a Carrió fue por doble vía, tras las declaraciones de Lorenzetti, la Corte Suprema también hizo un pronunciamiento, pero esta vez en ocasión de contestar un pedido de informes realizado por la legisladora de Cambiemos y su colega Fernando Sánchez.

Carrió y Sánchez solicitaron las declaraciones juradas de los integrantes del Máximo Tribunal y de los magistrados de la Justicia Federal. En ese contexto, la Corte - con firmas de Lorenzetti, Maqueda y Highton - dictó una resolución en la que dispone la entrega de las declaraciones juradas, sin dejar de aclarar que el pedido de las mismas debía efectuarse por medio de una presentación ante el Consejo de la Magistratura.

Los supremos no obviaron recordar que el pedido de declaraciones juradas patrimoniales podían ser consultadas a través de la web de la Corte, donde se establece “un sencillo procedimiento que implica la sola identificación del solicitante la verificación del cumplimiento de los requisitos formales, para el posterior envío, por parte de la Dirección de Sistemas del Tribunal, de la información solicitada la dirección de correo electrónico que haya constituido el requirente”.

La resolución del Máximo Tribunal también pone de resalto que por la denuncia de Carrió contra Lorenzetti y el secretario General de Administración de la Corte, Daniel Marchi, ambos “fueron investigados tanto por la AFIP como por el juez federal Sebastián Ramos en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas resultaron sobreseídos, por lo que la finalidad perseguida con la presentación ha sido cumplida”.

La resolución de la Corte, finalmente pone en conocimiento “de todos los magistrados federales el contenido de la presentación fin de que tomen intervención, manifiesten su opinión y, eventualmente, su conformidad para la entrega remisión de sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales integrales los aquí presentantes”.

Pero ello, con dos salvedades: los jueces Claudio Bonadio y Luis Rodríguez. El motivo: se encuentran investigando a la propia Carrió en dos causas conexas, que tratan sobre la supuesta filtración de información confidencial.