La diputada Elisa Carrio denunció penalmente por el delito de enriquecimiento ilícito al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Se trata de una imputación para que se investigue un “sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país” por parte del presidente del Máximo Tribunal. La existencia de una sociedad vinculada a sus allegados, en el centro de la escena.
La diputada nacional por el Frente Cambiemos, Elisa Carrió, realizó una denuncia ante la Justicia Federal contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, imputándolo por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. La denuncia también alcanza a el Secretario General de Administración de la Corte, Héctor Daniel Marchi.
Según la denuncia, existió un "sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país por parte del presidente de la Corte Suprema", que encuadraría en el tipo legal del artículo 268 (2) del Código Penal, que reprime con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, al que “al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.
El texto legal además agrega que “se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban”, y también que “la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho”.
Esos activos, más precisamente un plazo fijo constituido en un banco de EEUU, habrían sido declarados en el marco de la política de “blanqueo” de capitales dispuesto en el año 2008 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, según informó el matutino La Nación.
Otro hecho a investigar es la compra de una propiedad mediante una sociedad, “Ratio S.A.” una firma dedicada a los "servicios inmobiliarios” y con domicilio fiscal en la ciudad santafecina de Rafaela, de donde es oriundo el presidente del Alto Tribunal y en la que estaría vinculados familiares suyos. Ratio también cuenta con una sede en el barrio porteño de Puerto Madero.
Según informa el diario La Nación, los elementos que se valió Carrió para impulsar la acción penal fueron documentos presentados por la Administración Federal de Ingresos Públicos en una causa abierta contra su ex titular, Ricardo Echegaray, por abuso de autoridad, en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, cuyo titular es el juez Sergio Torres.
Ese expediente se remonta a mediados 2013, cuando Echegaray anunció que se estaban investigando a la firma por una presunta compra, vía una sociedad off shore con sede en Londres, Reino Unido, de una propiedad en Puerto Madero. En esa época Lorenzetti también había recibido otra carta de la AFIP, que presumía que el ministro era empleador de personal de casas particulares.
El caso tomó estado público por las suspicacias que se generaron en torno a la figura de Lorenzetti y del rol de la propia Corte Suprema, que poco tiempo antes dictó el fallo en la causa “Rizzo”, en la que declaró la inconstitucionalidad de los puntos centrales del paquete de leyes denominado “Reforma Judicial”, aprobado por el gobierno anterior, y que incluía un mecanismo especial de selección de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación.
La Corte Suprema incluso emitió un comunicado, el 27 de junio de 2013, en el que informó “que se ha reunido en el día de la fecha, ha analizado la situación expuesta por su presidente en el acuerdo del pasado martes vinculada a una investigación de la AFIP”, y que “encomendó a funcionarios del Tribunal que se reunieran con representantes de la AFIP para aclarar la situación”.
Según la investigación, uno de los funcionarios habría sido el propio Marchi, también denunciado por Carrió, entre otras cosas, por omitir declaraciones juradas de impuesto a las ganancias desde el año 2005 hasta el 2011.
La denuncia fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos pero subrogado por su par Norberto Oyarbide durante la feria judicial. El fiscal encargado de impulsar o no la acción penal es Gerardo Pollicita.
Estados Unidos ahora informa
El actual embajador de EEUU en la Argentina, Noah Mamet, destacó como uno de los hechos más relevantes en la representación de los intereses de su país en Argentina, fue el acuerdo de cooperación fiscal alcanzado con la AFIP.
Durante el gobierno anterior, cuando era dificultoso establecer puntos de contacto entre EEUU y Argentina, en 2015, Mamet llevó a Washington como un trofeo, avances sustanciales en uno de los puntos más dinámicos de la política exterior norteamericana en materia económica: alimentar el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Significa que lo países le informen a la oficina fiscal de EEUU, el poderoso IRS, las sociedades, bienes y depósitos de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, para que nadie deje de pagar impuestos. A cambio ofrecen la consabida reciprocidad.
El anterior titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray firmó el año pasado un memorando de entendimiento que estableció el reinicio del intercambio de información entre ambas naciones. Todavía falta, pero el FATCA está cada vez más cerca para que el intercambio de información fiscal sea automática y no necesariamente a pedido de los jueces.