El recurso fue presentado este mediodía en la Sala I de la Cámara Federal, cuyos integrantes ordenaron hace poco más de quince días que De la Rúa sea interrogado como presunto responsable de homicidio culposo, un hecho sin precedente en la historia institucional argentina.
En los fundamentos, a los que tuvo acceso Diariojudicial.com, los abogados Zenón Cevallos y Miguel Ángel Almería, prefirieron el camino duro: critican con virulencia a los jueces Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani por modificar la situación de su cliente.
Para empezar, los abogados de De la Rúa dicen que los camaristas “violaron la Constitución”, porque su decisión “atenta contra la organización republicana del Estado, invade potestades de otros poderes, obra con exceso de poder, viola la legalidad y la defensa en juicio e incurre en un acto arbitrario resuelto sin fundamentos valederos”, dicen en torno a la citación todavía sin fecha.
Por un lado, Cevallos y Almería cargan las tintas en una supuesta interpretación errónea por parte de los camaristas en torno al expediente. Para los defensores, el fallo es “arbitrario por contener afirmaciones inexactas y sin ningún fundamento en la prueba” por lo que se sostiene “falsamente” que “hubo una decisión central del gobierno para la actuación de la Policía”.
Luego, en un plano más político, los abogados aseguran que “no existió un plan político ni una decisión del gobierno sobre un despliegue policial, ni sobre el modo de obrar de la Policía”. Para los camaristas, en cambio, al dictar el estado de sitio, De la Rúa era “responsable” de lo que ocurriera en las calles.
De esta forma, Cavallo y Vigliani imputaron a De la Rúa y su ministro del Interior, Ramón Mestre, por los cinco homicidios y más de 200 casos de lesiones graves y leves que dejó la represión policial en el centro porteño en el jueves negro.
También, los abogados de De la Rúa sugirieron un cierto capricho de los camaristas a la hora de citar jurisprudencia. “Mencionan doctrina jurídica con citas inexactas que alteran la enseñanza de los autores invocados para justificar sus conclusiones, omitiendo lo que dicen en la página anterior o en la siguiente al párrafo que transcriben”, aseguraron.
Fuentes judiciales indicaron que difícilmente la cámara conceda el recurso de apelación a la Corte, porque este tipo de acción se interpone sólo contra sentencias definitivas o el dictado de prisiones preventivas.
Las fuentes explicaron que “se viene sosteniendo que los llamados a indagatoria no son apelables”, aunque a los defensores le queda el recurso de ir en “queja” ante la Corte, lo que probablemente sea utilizado por los letrados, que buscan a toda costa evitar que De la Rúa sea indagado por la juez María Servini de Cubría en torno a los homicidios del 20 de diciembre.
En esta línea, ya se sabe que si mientras se sustancia este recurso la juez fija fecha de indagatoria, solicitarán la postergación hasta agotar las alternativas.
El 26 de julio, la Sala I de la Cámara en un mega-fallo, que este diario publicó en forma íntegra, resolvió varias apelaciones e imprimió un giro a la causa al indicar que la acción de la Policía Federal tiene responsables políticos.
En esa resolución, dispuso la inmediata libertad del ex jefe policial Rubén Santos y del ex secretario de Seguridad Interior Enrique Mathov, quien de cualquier forma vio complicada su situación, porque también se le imputa homicidio culposo en cinco casos.
Por otro lado, esta semana los fiscales de la causa, Patricio Evers y Luis Comparatore, pidieron a la juez Servini varias medidas, como la detención de cinco policías de la División Asuntos Internos de la Policía Federal y la indagatoria de otros siete efectivos, así como también la reconstrucción de la forma en que murió uno de las víctimas, baleada a corta distancia.