La Corte Suprema declaró inadmisible un planteo de inconstitucionalidad contra las notificaciones electrónicas. Se le reprochó que la comunicación de las resoluciones tenga el mismo efecto que la cédula papel. Además, se le criticó “la exclusividad” a la hora de reglamentar la aplicación del sistema, dejando afuera al Consejo de la Magistratura.
Una nueva impugnación contra las acordadas que implementan las notificaciones electrónicas en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal llegó a la Corte Suprema, y nuevamente el Tribunal recalcó la plena vigencia de las Acordadas 31/11 y 38/13, que abren la puerta a la digitalización de los expedientes.
Esta vez, la tacha de inconstitucionalidad deducida en autos “Erskis, Gerardo Alberto c/ Clínica Estrada S.A. y otros s/ daños y perjuicios - resp. Prof. Médicos y Aux.” obedeció a que el Tribunal, según los recurrentes, “ha excedido las atribuciones reconocidas por la ley 26.685”, que autoriza “la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales”.
La impugnante sostuvo que la norma “sólo autorizó la utilización de domicilios electrónicos con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes mas no su sustitución”, y además cuestionó la competencia de la Corte a la hora de reglamentar internamente la norma, ya que en su opinión la reglamentación del nuevo sistema “le fue delegada en forma conjunta con el Consejo de la Magistratura y no en forma exclusiva”.
La Corte, con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, declaró “inadmisible” el recurso de hecho deducido por la demandada.
A contrario de lo resuelto por sus colegas, que sólo firmaron el sello del artículo 280 del Código de Procedimientos, el presidente y la vice del Máximo Tribunal elaboraron un voto conjunto en el que resaltan que el planteo de inconstitucional resultaba improcedente, principalmente porque “desde la constitución de este Tribunal en 1863, durante todo su ulterior funcionamiento y hasta la más reciente legislación sancionada por el Congreso de la Nación, le han sido reconocidas a esta Corte las atribuciones necesarias para dictar disposiciones reglamentarias como las impugnadas”.
Pero además, los supremos le recordaron a la quejosa que “no ha sido la titular de este Poder Judicial sino el Congreso de la Nación” la autoridad que mediante la sanción de la Ley 26.685 “expresamente autorizó la utilización de expedientes electrónicos” y demás elementos, para que tengan “idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales”.
Lorenzetti y Highton reconocieron que el Poder Legislativo puso en manos de la Corte -y del Consejo de la Magistratura- las facultades “para reglamentar la utilización de las nuevas herramientas y disponer su gradual implementación”. Y que se trata de atribuciones “que, precisamente, han sido puestas en ejercicio mediante las acordadas que el peticionario intenta vanamente impugnar, al efectuar distinciones que la norma no efectúa”.