En plena Feria Judicial se firmó el convenio de transferencia de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El traspaso involucra una parte de la Justicia Penal y el fuero del Consumidor. El presidente Mauricio Macri celebró la medida, que “mejorará la seguridad” de los porteños, pero a los magistrados no les cayó bien. La presidente de la Asociación de Magistrados, María Gómez Alonso alertó a Diario Judicial sobre los riesgos que corre la independencia judicial y de los Ministerios Públicos.
Afianzar el federalismo o debilitar la independencia de jueces, fiscales y defensores. El traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires marcará el pulso del debate judicial durante este año electoral e incluso, llegado el caso, podía judicializarse.
Tal como se había anunciado, en la mañana de este jueves el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, acompañados de sus respectivos ministros de Justicia, Germán Garavano y Martín Ocampo, donde suscribieron cuatro convenios interjurisdiccionales de transferencia de competencias de la Nación a la Ciudad.
En esta primera etapa, parte de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, la Justicia de las Relaciones de Consumo, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia (IGJ), pasarán a la órbita de la Ciudad. El traspaso también incluye una parte de los cargos vacantes del fuero Criminal y Correccional.
El presidente de la Nación celebró la puesta en marcha de la reforma, que es a su criterio en cumplimiento de un mandato de la reforma constitucional de 1994. Macri aseguró que la transferencia de competencia brindará mayor "seguridad" a la hora de dar "respuestas a las víctimas", y que la Justicia será "más eficiente, más cercana y más dinámica". "La Justicia también tiene que tener herramientas de evaluación para tener resultados y que las cosas no se dilaten", sugirió.
"Los vecinos de la Ciudad van a poder dirimir sus conflictos de la vida diaria a través de un Poder Judicial propio" adelantó el jefe de Estado. En consonancia con ello, Rodríguez Larreta también dijo que es un paso para "brindar mayor seguridad a la gente".
Tanto el Congreso Nacional como la Legislatura de la Ciudad deberán ratificar la transferencia y de esa manera devolver las herramientas “adonde tienen que realmente funcionar". “La Justicia Federal debe ser la que dé respuestas a los temas federales", dijo Macri al promediar el acto.
Jueces, fiscales y defensores, disconformes
Los funcionarios de la Justicia Nacional no recibieron de buenos modos la noticia del traspaso. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación salió a criticar duramente la medida advirtiendo de los riesgos de que el traspaso y el nombramiento futuro de magistrados “obedezca a razones políticas”. La entidad también se alarma de que con la transferencia de las competencias en lo que hace a fiscales y defensores afecta la independencia del Ministerio Público garantizada por el artículo 120 de la Constitución Nacional.
En diálogo con Diario Judicial, la presidente de la AMFJN, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, reconoció que la noticia “cayó muy mal” entre los miembros de la asociación, y que la oposición al traspaso “es un tema que nos concierne a todos”. La camarista comercial le dijo a este medio que las tres listas que integran la asociación están en contra de la iniciativa.
Contrariamente a lo argumentado por Macri y Rodríguez Larreta, para Gómez Alonso el traspaso “no es adecuado” ni tampoco “va a mejor la Justicia”. En apoyo de esa tesis, señaló algunos aspectos prácticos que, a su criterio, van a empeorar el funcionamiento de la Justicia.
“No se cómo se acelerará el funcionamiento de la Justicia con el mismo número de personas”, puntualizó la magistrada, para quien el problema real sigue siendo la falta de cobertura de vacantes en el Poder Judicial. “De los 50 Juzgados de Instrucción hay 16 que no tienen juez, de los 14 Correccionales, 6 están vacantes”, graficó Gómez Alonso, esas estadísticas se repiten en los demás fueros que conforman la Justicia Nacional. “No se cómo se van a acelerar las causas así, lo más probable es que prescriban, o que saquen nueva ley”, ironizó.
Sumado a ello se encuentra la implementación de la Ley de fortalecimiento de los Tribunales Orales, que crean Tribunales Unipersonales, “la Ley es muy buena pero hay legislación internacional que establece que en juicios orales debe estar presente tres jueces”, adelantó la magistrada.
Desde la AMFJN también se hizo mención a temas de gravedad institucional. Primero, en lo que hace a la autonomía e independencia del Ministerio Público. “El traspaso y el pase de las Fiscalías y Defensorías Nacionales a la Ciudad significan que los Ministerios Públicos volverán a estar en la órbita del Poder Judicial local”, denunció.
Otro de los problemas que marcó es en lo que hace a la estabilidad de los magistrados “y también de los empleados”, remarcó. “Si bien los empleados no tienen la misma garantía de estabilidad que nosotros los jueces, tiene también la protección de las leyes nacionales de empleo público”, sostuvo Gómez Alonso.
La cuestión de la estabilidad de los jueces generó alarmas en el ámbito de la asociación, que asume como latente la posibilidad de que se enjuicie e incluso expulse a magistrados con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, conforme las leyes locales. “Si un juez falla algo en contra del Poder de turno tiene menos garantías de defensa y va a quedar a merced del poder político, eso afecta su independencia”, le explicó la presidente de la AMFJN a este medio.
Preguntada si con la aprobación del traspaso se iniciarían acciones legales, Gómez Alonso no se adelantó y dijo que se iba a estudiar el tema “en el momento oportuno”.