En una encendida arenga con motivo de la primera jura nuevos matriculados en en Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sus autoridades rechazaron de plano los proyectos nacionales y provinciales para suprimir o acortar la feria judicial.
La feria judicial no es un privilegio. Quienes lo dicen no son jueces, fiscales, defensores o empleados judiciales, quienes desde siempre disfrutan de 45 días de feria judicial por año. Son, sorprendentemente para algunos, los propios abogados, que día a día trajinan los pasillos de los tribunales de todo el país.
El salón de actos del Colegio Público de Abogados estaba colmado de familiares y amigos de los casi 100 nuevos matriculados que prestarían el juramento de práctica. El primero del año 2017, presidido en esta oportunidad por Andrea Campos, protesorera de la institución, y directora de las escuelas de posgrado y mediación, que se disponía a dar unas breves palabras de bienvenida a los nuevos abogados.
Lo más destacado de la alocución de Campos, además de lo protocolar, fue la encendida defensa de la feria judicial, que frena el trabajo de los tribunales de todo el país, durante cuarenta y cinco días por año, un mes en enero y quince días en julio.
"Somos trabajadores de la abogacía", argumentó, y nos merecemos vacaciones como cualquier otro trabajador. La feria judicial es el período en el que no hace falta preocuparse por los plazos, la pausa necesaria para que el abogado recupere energías del esfuerzo profesional diario.
La abogada también se quejó de las magras regulaciones de honorarios que muchas veces deciden los jueces. "Muchas veces lo que cobramos no sirve ni para pagarle el sueldo de una semana a una empleada doméstica" graficó.
La representante del CPACF destacó la necesidad de la feria, sobre todo para el abogado "de a pie", aquel que tiene un estudio chico o unipersonal. Aquel que no tiene un ejército de empleados o pasantes para ocuparse de las obligaciones diarias que tienen quienes litigan.
"Las vacaciones son una cuestión de salud" explicó. Además la feria es un derecho adquirido, no solo para los miembros del Poder Judicial sino también para los abogados.
Campos le respondía así a los proyectos tanto nacionales como provinciales que pretenden eliminar o achicar la feria judicial. Varias ONGs relacionadas con temas de Justicia, también iban en el mismo sentido, propiciando lo que llaman una modernización de un sistema judicial tachado de lento e ineficiente.
Así, en consonancia con lo planteado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, hace pocas semanas, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó ante la Corte Suprema, la Procuración General y el Consejo de la Magistratura una propuesta para eliminar o reducir el tiempo de la feria judicial y extender los horarios de atención en los juzgados.
Alrededor del mundo, los países adoptaron diferentes sistemas, tal es el caso de Estados Unidos, donde los tribunales sólo cierran sus puertas durante los feriados nacionales y los jueces programan sus descansos en forma escalonada.
Por su parte, en Uruguay existe un régimen similar al de Argentina; mientras que Paraguay sólo suspende la actividad durante el mes de enero. En contraposición, Chile suprimió el receso y los magistrados pueden programar su descanso en cualquier mes del año.
En el caso de un cambio da la sensación de que el Poder Judicial podría llegar a adaptarse, dando vacaciones rotativas a sus magistrados, funcionarios y empleados, pero en el caso de los letrados que litigan, esto podría transformarse en un verdadero problema, por los plazos que seguirían corriendo.
El CPACF sabe cómo hacer valer su opinión para defender los derechos de los letrados. Lo demostró cuando su presidente Jorge Rizzo en un leading case que lleva su nombre frenó la reforma del Consejo de la Magistratura que pretendía el Gobierno anterior. Veremos qué pasa si los proyectos de modificar la tradicional feria judicial prosperan.