Los relatos sobre el fuero del Trabajo

Las reciente controversia surgida a raíz de las declaraciones del presidente Mauricio Macri en relación a una “mafia de juicios laborales” que “destruye la generación de empleo futuro” puso en el radar el funcionamiento de los Tribunales del Trabajo y puso en el centro del debate a dos visiones contrastadas sobre cómo afectan las decisiones de la Justicia Laboral a la hora de generar o mantener empleo en la Argentina.

Dos diagnósticos para un mismo problema

En líneas generales, la tesis que sostiene el Presidente es respaldada también por parte del sector empresario y, sin ir más lejos, forma parte de una suerte de “imaginario popular”, es que, debido a que los Tribunales Laborales fallan casi siempre “a favor del trabajador”, la ejecución de las sentencias que hacen lugar a las indemnizaciones solicitadas se traduce en la quiebra de las empresas que no logran hacer frente a los montos a pagar, lo que tiene un efecto devastador para el resto de los empleados: si se paga la indemnización de uno no se puede pagar los sueldos de los otros y en consecuencia la empresa cierra.

Ocurre también lo siguiente: en gran parte de los juicios por despido se reclama una deficiente registración, esto es, por ejemplo, que ante las organismos impositivos se declara una fecha de ingreso del trabajador posterior a la real, o no se informa correctamente el sueldo que recibe o las horas que trabaja.

Las principales demandadas por esas irregularidades son las PYMES: algunas se defienden alegando que por la alta carga impositiva que trae aparejada es imposible que la empresa continúe con vida y entonces se registran parcialmente o no registran a trabajadores. Esa circunstancia los deja en la encrucijada de arriesgarse a continuar en esa condiciones y en un futuro ser pasibles de reclamo, el cierre de la empresa o, directamente, ni siquiera iniciar un emprendimiento. Para las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en esa situación, la sentencia que los condena a indemnizar a un empleado es el tiro de gracia.

Del otro lado, los trabajadores y también los abogados que se dedican a representarlos en los juicios tildan de falaz esa versión y precisan que si existe una “industria del juicio” es debido a los incumplimientos de las empresas que, por otra parte, se ven beneficiadas con las demoras que sufre la colapsada Justicia del Trabajo.  Al tardar más años los juicios los trabajadores prefieren conciliar por montos mucho menores.

 “La demora es un elemento de presión que usa la patronal para ofrecer importes bajos para llegar a conciliar, ya que el trabajador que se quedó ‘en la calle’ prefiere poco dinero antes que esperar tanto con el riesgo que se insolventen durante la demora del proceso”, le explica a Diario Judicial otro abogado con experiencia en representar a trabajadores despedidos.

A la demora ayuda el colapso de la Justicia Laboral, que en la Capital Federal reúne además casi la mitad de las demandas por accidentes de trabajo que se inician en el país y que todos los años se incrementan en un 25%. Entonces, se pasa de un fuero con una estructura para tramitar 35 mil juicios por año a 120 mil.

Por si eso fuera poco se agregan otros condimentos: en la Justicia Nacional del Trabajo funcionan 80 Juzgados de los cuales 30 se encuentran vacantes y son subrogados. Gran parte de esos 80 funcionan en malas condiciones, lo que dificulta el trabajo tanto de operadores judiciales como de los propios abogados. Eso lleva a un promedio de cuatro años de espera para un trabajador desde que se presenta la demanda hasta que haya sentencia definitiva. Es más, con la implementación del nuevo sistema digital en el Poder Judicial de la Nación los juicios se atrasaron cerca de un año porque el cambio de sistema generó un trabajo extra.

Esta realidad fue reconocida incluso por la propia Corte Suprema de Justicia, que un año atrás y luego de reiterados pedidos del Colegio Público  de Abogados de la Capital Federal, dispuso la intervención del fuero. “Es evidente que se ha configurado una crítica situación que impacta directamente sobre derechos de naturaleza alimentaria de quienes allí litigan, cuya trascendencia social es notoria” habían reconocido en su momento Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda en una acordada, por la cual crearon nuevos cargos en la Justicia del Trabajo y exhortaron al Consejo de la Magistratura de la Nación a ocupar las vacantes en el fuero con celeridad.

Muchas veces el cierre de empresas, entonces, obedece a razones vinculadas con la realidad económica que son agravadas por un conflicto de índole laboral. “Yo creo que los juicios pueden afectar seriamente la economía de las pymes pero no es la única causa de sus crisis, es un tema económico en general, todo cachetea a las pymes. Aumentos de básicos, de impuestos, fluctuación de ventas, aumento de insumos, además de un juicio”, sintetiza la abogada Pamela Campana, que asesora tanto a empleados como a empresas, y agrega que si los trabajadores “están registrados correctamente, el volumen de juicios no es elevado”.

Los accidentes y la Ley de ART

En este conflicto también se dividen las aguas entre las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, que critican el aumento de litigiosidad pese a que cumplen correctamente con las prestaciones, y los abogados de los trabajadores accidentados, que rebaten ese diagnóstico y aseguran que tienen que ir a juicio porque las aseguradores incumplen con sus obligaciones.

La modificación de la Ley de ART, impulsadas por el oficialismo, sirven como factor para comprender la problemática. Desde las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo celebran las iniciativas impulsadas por el oficialismo aunque alertan sobre un “embate de litigiosidad”. Del otro costado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se mantuvo en franca oposición a la iniciativa e interpuso amparos para que se decrete su inconstitucionalidad, además de llamar a los matriculados a “inundar” de amparos los tribunales. Paradojalmente, la norma que se encarga supuestamente de bajar la litigiosidad logra que aumenten los reclamos

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), publicó un informe donde detalla que, pese a que aumentó la cobertura y mejoraron las prestaciones, las demandas aumentaron. Según el informe, el Sistema de Riesgos del Trabajo hoy cubre a 9,7 millones de trabajadores y a 1,6 millón de empleadores afiliados y en los 21 años de vigencia de la Ley 24.557, el trabajo “coordinado” de todos los actores involucrados en el proceso (empleadores, trabajadores, sindicatos, ARTs y el Estado), consiguió que los accidentes “bajen un 35% y los fallecimientos en el lugar de trabajo se redujeran en un 70%”.

Pero en ese mismo período- apunta el informe- y pese a que el Sistema tuvo varias reformas para reducir la cantidad de juicios “los litigios no dejan de crecer desde el año 2004”. “En 2015 se iniciaron 106 mil demandas (juicios) y  en 2016 fueron otras 127 mil, un 20% más que el año anterior” cuestionan desde la UART, que resaltan esa “paradoja”.

Más datos: según los números que manejan las aseguradoras, en la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,  se notificaron el  48% del total de demandas por accidentes de trabajo y, hasta mayo, se iniciaron 26.347 juicios, que en términos porcentuales son un 31% en relación al mismo período del año anterior. En el total del país se mantiene la misma tendencia, según el informe, se presentaron 55.321 juicios, un 24,3% más que en 2016.

La UART coincide en el diagnóstico de que la reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo que impone la obligatoriedad de las Comisiones Médicas es una salida al problema de la “litigiosidad” en el fuero, por ello aboga porque provincias se adhieran a la ley. En Buenos Aires, por ejemplo, ya tiene media sanción. Es un detalle no menor: hay empresas con domicilio legal en la Ciudad pero que funcionan físicamente en el conurbano y entonces se puede elegir una u otra jurisdicción para litigar.

“Sería imprescindible que la Justicia en sus diferentes instancias valide mediante sus fallos las previsiones de la Ley que tienden a abordar las causas de fondo: que es la disparidad de criterios jurisprudenciales que retroalimenta la conflictividad y regulación del quehacer pericial”, concluye el informe.

La otra campana pone énfasis en que la alta litigiosidad se debe a una alta siniestralidad, que las aseguradoras no reconocen. Cuando se debatió la reforma de la Ley de Art en el Congreso, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remitió un dictamen crítico al proyecto finalmente aprobado, calificándolo de “discriminatorio e inconstitucional”.

Ese documento, elaborado por el Instituto de Derecho del Trabajo del CPACF y remitido al Senado por su presidente, Jorge Rizzo, señala lo siguiente: “En el sector formal, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo verifica alrededor de 660.000 siniestros anuales, a los que debe adicionársele un 35% del sector informal. A ello debe agregársele el infra-registro de enfermedades laborales sólo un 2% se reconoce por este carácter, cuando la OIT menciona un 38% de enfermedades dentro del total de la accidentología”.

Los abogados laboralistas denuncian, en cambio, una “mafia de las ART” que se encarga de incumplir con las prestaciones. Incluso bromean y señalan que, en vez de “industria del juicio”, lo que hay es “industria del desconocimiento” por parte de las aseguradora “toda patología la rechazan por no figurar en listado, o por que la consideran inculpable”, señalan abogados consultados por este medio.

En diálogo con este medio, la abogada Campana entiende que si las ART no rechazaran tanto los accidentes, seguro habría menos juicio a posteriori. “La gente entre cero y una acción civil abultada, claramente reclama”. “Si la ART reconoce, presta atención y en su caso abona una reparación sistémica, es más difícil que la gente consulte al abogado para reclamar” advierte la letrada.