Las personas con discapacidad y sus familias se topan con diferentes obstáculos y desafíos en materia educativa. Muchos de los casos terminan siendo judicializados, a la espera de una solución.
Carolina -nombre que fue cambiado para resguardar la identidad del menor- tiene 16 años y nació con una condición genética muy poco conocida, pero esto no fue un obstáculo en su escolaridad primaria, que transcurrió sin complicaciones y con felicitaciones de sus docentes.
Sin embargo, las autoridades del colegio privado le hicieron saber a los padres de Carolina que “no se procedería a su matriculación” para el ciclo lectivo 2016. La familia no bajó los brazos y llevó el caso a la Justicia, donde se decretó una medida cautelar para la inscripción de la joven.
La institución persistió con su conducta, por lo que la Defensoría Pública de Menores e Incapaces promovió una nueva demanda de amparo para garantizar el derecho a la educación inclusiva y la continuidad de los estudios.
Este no es el único caso. Recientemente, la Justicia hizo lugar a una cautelar y ordenó la matriculación de una menor diagnosticada con trastorno generalizado del desarrollo.
Puntualmente, el colegio argumentó que la denegación "obedecía a que tenían dudas respecto a la posibilidad de que la niña continúe en el nivel secundario”, a pesar de que había demostrado un buen desempeño social y académico e incluso superado los objetivos planteados en su Proyecto Pedagógico Individual (PPI).
Obstáculos en el camino
Argentina ratificó en 2008 la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, y así se comprometió a garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la escuela común. Sin embargo, existen diferentes obstáculos en el camino.
Entre las situaciones más frecuentes se encuentran las negativas de matriculación. Incluso algunas instituciones solicitan a las familias estudios médicos para determinar si el niño puede o no ingresar a un determinado establecimiento.
En diálogo con DJu, Celeste Fernández, coordinadora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó que uno de los casos más comunes es la negación de matricula por razones de discapacidad. “Muchas escuelas se basan en prejuicios”, advirtió.
También destacó la dificultades que atraviesan las familias a la hora de encontrar una escuela que incluya a sus hijos. “Es un tema complejo, por ello somos muy cautelosos a la hora de recomendar que se judicialicen estas cuestiones, ya que el niño concurre a una escuela donde tuvo que judicializar su ingreso. Siempre recomendamos primero el diálogo con las escuelas”, dijo Fernández.
El manual de “Educación inclusiva y de calidad”, realizado por el Grupo Art 24 por la Educación Inclusiva y COPIDIS, enfatiza que en la educación inclusiva “no se espera que todos hagan lo mismo de la misma manera”, sino que “se espera lo máximo de cada uno y se le dan todos los medios y apoyos para que transiten sus caminos”.
Por su parte, Emiliano Naranjo, miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), subrayó la importancia de garantizar la educación inclusiva. El conoce como nadie la discriminación que atraviesan las personas con discapacidad en el ámbito educativo.
En 2007, Naranjo obtuvo su título de Licenciado en Educación Física en la Universidad Nacional de La Matanza, pero dicha institución negó sistemáticamente su ingreso en el profesorado de educación física en razón de su discapacidad motriz.
Naranjo recurrió a la Justicia y logró sentencia favorable en primera y segunda instancia. El caso llegó hasta la Corte Suprema, donde los ministros rechazaron el recurso interpuesto por la universidad y dejaron firme el fallo en favor de los derechos de las personas con discapacidad.
En este sentido, Naranjo resaltó la necesidad de una decisión política en cuanto a la distribución presupuestaria a favor de la educación inclusiva y la formación continua de los docentes en la materia.
Un antes y un después
El caso de Alan Rodríguez, un adolescente con síndrome de Down, marcó un antes y un después en la educación inclusiva. Alan cursó en la misma escuela desde pequeño con un PPI. Al terminar la secundaria, le indicaron que su título no podía ser entregado, bajo el argumento de que “no aprobó los contenidos mínimos requeridos para todas las materias de cada año del ciclo”.
Alan y su familia se presentaron en la Justicia e iniciaron un amparo para que se reconociera su “derecho fundamental a la educación, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades”.
En marzo último, y luego de casi cuatro años, la Cámara CAyT de la Ciudad ratificó la decisión de primera instancia que ordenó la entrega del certificado oficial de finalización de estudios. Así, Alan recibió su título secundario.