El gobierno de Mendoza presentó un proyecto para ampliar de siete a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte provincial. La propuesta prevé que se divida en Salas especializadas. Desde el gobierno alegan que buscan resolver el “colapso” del tribunal, pero los detractores dicen que detrás se encuentra la idea de garantizar la reelección de Alfredo Cornejo.
El nuevo paso en pos de las reformas que el gobierno de Alfredo Cornejo (UCR) busca darle a la Justicia de Mendoza es la modificación en la composición y estructura de la Suprema Corte provincial.
Un proyecto de ley, presentado a fines de octubre por el senador Juan Carlos Jaliff, y que cuenta con Adrian Reche y Marcelo Rubio como coautores, busca elevar de siete a nueve el número de los integrantes del Máximo Tribunal mendocino y distribuir en tres Salas con competencias materiales definidas el trabajo del Cuerpo.
Actualmente, el Tribunal está dividido en dos Salas, lo que el proyecto pretende es abrir una tercera junto con otra especial de “Superintendencia Administrativa” y de esa manera distribuir mejor la competencia. El proyecto señala que la Sala II, es “competente en las materias que más juicios recibe el sistema de justicia de nuestra provincia, como son la materia penal, la laboral, a lo que hay que agregarle la materia administrativa sobre la cual también tiene competencia compartida con la Sala I”.
Según la exposición de fundamentos del proyecto, el oficialismo destaca que en materia laboral y penal han aumentado paulatinamente las causas que llegan a la Corte. Destaca que existen 79 causas ingresadas durante el año 2016, con detenidos, que tendrían vencidos los términos para su resolución y sobre las cuales la Sala II no ha resuelto los recursos extraordinarios.
“Hasta la fecha, esta situación se pretendía solucionarla con la estructura que tiene hoy en día nuestra Corte provincial aumentando, cada vez mas, la cantidad de relatores (equiparados a magistrados) las simples estadísticas han demostrando el fracaso de esta solución, nosotros creemos en la necesidad de mas decisores, que son en definitiva los que dictan los fallos”, señalan los expositores.
Los redactores del proyectos advierten que la situación de colapso que hoy tiene la Corte “de no tomar medidas urgentes, se verá agravada aún mas si tenemos en cuenta la estructura Constitucional del Poder Judicial de Mendoza”. Es que por la misma se puede reducir la competencia en otras Cámaras de Casación o en Juzgados en lo Contencioso Administrativo.
De aprobarse el proyecto, la Sala I tendrá competencia en materia civil, comercial, tributario y familia o las cuestiones de competencia originaria. La Sala II estará a cargo de resolver los recursos extraordinarios en materia penal y la III los que sean de competencia laboral.
Entre otros aspectos, la reforma prevé la creación legislativa del Administrador General del Poder Judicial, que tendrá una remuneración, dedicación e incompatibilidades funcionales equivalentes a la de un juez de cámara y durará cuatro años en sus funciones.
En busca de la reelección
Algunos opositores al proyecto apuntan que, detrás de la idea de dotar de mayor eficiencia al Máximo Tribunal y entronarlo como insignia del cambio en la Justicia, se esconde la idea de garantizar “cobertura judicial” al gobernador, en miras a obtener un segundo mandato, lo que se encuentra prohibido por la Constitución local. Esto fue descartado por el propio mandatario, que días atrás declaró que ya “no había tiempo” para reformar la Ley Fundamental. El proyecto se discutirá en el recinto del Senado el próximo martes 14.