El Ministerio de Ambiente presentó una "acción colectiva de certeza" para despejar dudas sobre la ejecutoriedad de las resoluciones que disponen el aumento de tarifas de servicios públicos. La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal ya declaró su competencia e incorporó el juicio en el registro de procesos colectivos.
El Estado Nacional, por medio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, inició una "acción colectiva de certeza" para que se declare la ejecutoriedad de las resoluciones del Ministerio de Energía y de Enargas que disponen los nuevos cuadros de tarifas de los servicios públicos de Gas y Electricidad. El expediente, caratulado “EN-Ministerio de Ambiente c/ Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS)” ya fue incluido en el Registro de Procesos Colectivos.
La demanda fue entablada contra el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS), la ONG que logró frenar el primer aumento en 2016 luego de que la Corte Suprema lo anulara por no haberse desarrollado las audiencias publicas "y contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva para cuestionar la Resolución Nº 74/2017 del Ministerio de Energía y Minería y las Resoluciones Nº 300 a 309/2018 del Enargas".
El objeto de la acción, señala el escrito firmado por el titular de la cartera, Sergio Bergman, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frias, es "hacer cesar el estado de incertidumbre" respecto de la ejecución de ambas resoluciones, debido a las "reiteradas denuncias infundadas, impugnaciones rutinarias, cuestionamientos públicos de asociaciones, organizaciones e individuos, y hasta solicitudes cautelares de las primeras, requiriendo interrumpir la ejecutoriedad de la política energética y ambiental del Poder Ejecutivo Nacional” .
El Ministerio, que se presentó en representación de "todos los habitantes de la Nación y las generaciones venideras", procura "asegurar a los habitantes de la República Argentina el uso racional de sus recursos naturales no renovables y un servicio público de provisión de gas natural de calidad y eficiencia, que preserve el medio ambiente sano", según detalla la demanda.
Actualmente hay dos causas colectivas en las que se discute el aumento de tarifas, una iniciada por el propio CEPIS en la Justicia Federal de la La Plata – en donde una jueza de Capital declaró también su competencia via inhibitoria.- y otra iniciada por la Municipalidad de Leandro N. Alem, en trámite ante la Justicia Federal de Junin – cuya jurisdicción de Alzada también es La Plata-. En esta ultima causa la Corte Suprema deberá definir si corresponde enviar el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Lavié Pico decidió incluir el juicio en el registro de procesos colectivos a pesar que en este caso también se impugna las resoluciones del Ministerio de Energía y Enargas. "No puede soslayarse que -como se dijera- en éstas últimas causas se impugnan tales actos y el colectivo se encuentra compuesto sólo por los usuarios del servicio público de gas; mientras que en estos autos se pretende hacer cesar el estado de incertidumbre respecto de su ejecución y el colectivo lo componen todos los habitantes del país (incluidos, lógicamente, los referidos usuarios del servicio público de gas)", justificó.
"De tal modo, teniendo así esta causa por objeto la tutela del bien colectivo medio ambiente y abarcando a toda la comunidad, considero justificado ordenar su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos y establecer un procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio", consignó.