Un año supremo movido

Tras años de “transición” y la llegada de dos nuevos supremos, la Corte Suprema de Justicia tuvo en 2018 uno de sus años más agitados. Con fallos trascendentes y de fuerte impacto político y con la salida de la presidencia de Ricardo Lorenzetti después de doce años de gestión, el Máximo Tribunal modificó su dinámica.

El año supremo arrancó a principios de marzo, con un discurso del entonces presidente Ricardo Lorenzetti en la apertura del año judicial, llamando a un “acuerdo” entre todos los sectores para impulsar un programa de reformas del Poder Judicial, cuyos tópicos más debatidos fueron la extensión del horario tribunalicio y la eliminación de la feria judicial.

La discusión vino impulsada por el triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas de 2017 y un posterior discurso del presidente Macri, en el que hizo hincapié en la necesidad de modificar esa estructura de funcionamiento judicial. Lorenzetti recogió el guante y, pese a que en el seno de la Justicia y de la Abogacía hubo cuestionamientos a la propuesta de eliminar la feria, finalmente se accedió a discutirse.

Claro que la crisis cambiaria, el debate por ganancias y el cambio de titularidad de la Corte dejaron la implementación de un programa de reformas para otros tiempos, pero con la convicción de todos los sectores de que es necesario hacer una fuerte inversión de tecnología e infrastructura y sancionar nuevas leyes que permitan procesosmás rápidos y eficientes, que incluyan la oralidad en todos los fueros.

Pero luego del manifiesto de buenas intenciones comenzaron los conflictos: a mediados de abril se pudo observar el primer dique de contención que le puso la Corte a la idea del oficialismo de transformar a dos tribunales orales en lo criminal ordinario en federales. El objetivo era acelerar varias de las causas de corrupción que se vinieron instruyendo, a efectos de que sean resueltas en debate en 2019.

La “era Rosenkrantz” comenzó con un auspicioso discurso en la cumbre del J20,  la Conferencia Judicial de las Cortes Supremas del G20,m en donde el nuevo presidente de la Corte dio precisiones sobre cómo sería su gestión, que en materia de resolución de casos gira sobre el mantra de que los jueces “deben ser independientes hasta de si mismos”, queriendo significar que un magistrado debe fallar de acuerdo a la realidad del expediente, dejando afuera sus convicciones personales

En esa primera acordada, la 4/18, se empezó a verificar la tendencia en la distribución de los votos que a fines de año estaría bien definida: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, por un lado, y Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, por otro. En esta oportunidad, los supremos resolvieron no hacer lugar a la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 10 como el Tribunal Oral Federal n° 9.

La transformación de un TOC en TOF, con la misma integración de jueces, tenía sustento legal en la norma de “Fortalecimiento” de los Tribunales Orales, y aval del Consejo de la Magistratura y de la Cámara Federal de Casación Penal que, sin previa autorización de la Corte, ordenó incluir en la lista de sorteos de causa al “nuevo” Tribunal Oral Federal n° 9. La Corte le dio un “reto” a Casación y al Consejo por haber “transformado” en federales a jueces que no fueron “designados por el Poder Ejecutivo de Ia Nación, en base una terna vinculante del Consejo de Ia Magistratura, previo acuerdo del Senado para desempeñarse en él”.

Y en mayo, la Corte se metió en una pelea con los abogados, al dictar una acordada que fijó en $540 el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) que sirve como pauta de regulación de honorarios para los profesionales del derecho. El monto fijado fue mal recibido por la abogacía, que puso el grito en el cielo por haberse calculado sobre la base de un rubro del salario de un juez de primera instancia y no del sueldo entero, como pretendía el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que impulsó la reforma. A mediados de 2018, igualmente, la contienda fue saldada a favor de los letrados, y la UMA quedó en $1715.

A mediados de diciembre, una tríada conformada por Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti,  impuso a la nueva gestión una seria de medidas, que abarcaron una “agenda” que adelanta las fechas de los fallos a resolver, y una importante acordada que reforma el reglamento de la Justicia Nacional y crea un “triunvirato” para decidir contrataciones y renuncias en el ámbito de la Justicia, sin necesidad de contar con el aval del presidente.

Cambio de era

Luego de una feria judicial sin sobresaltos a partir de septiembre se desató la ola que arrastró al fin de la “era Lorenzetti” hasta llegar a la acordada que licuó el poder del presidente de la Corte al punto tal de dejarlo con autoridad sólo para funciones protocolares.

A principios de septiembre, en una jornada que se extendió pasado el mediodía – el acuerdo tardó cuatro horas en firmarse.- se suscribió la Acordada 28/18 por la que se designó a Carlos Fernando Rosenkrantz como titular de la Corte a partir de octubre de 2018, mientras que Elena Highton de Nolasco se mantuvo como vice.

Fue una votación que le cayó por sorpresa a Lorenzetti, en el marco de un acuerdo en el que no estaba previsto poner en la mesa de discusión la renovación de autoridades. Algo que la Corte siempre hacía a fines de año. La “agenda” fue impuesta al entonces titular del Máximo Tribunal- algo que luego le ocurrió a su reemplazante- y se tuvo que elegir a la nueva cabeza del Poder Judicial. Salvo Juan Carlos Maqueda, todos los supremos votaron a Rosenkrantz

La “era Rosenkrantz” comenzó con un auspicioso discurso en la cumbre del J20,  la Conferencia Judicial de las Cortes Supremas del G20,m en donde el nuevo presidente de la Corte dio precisiones sobre cómo sería su gestión, que en materia de resolución de casos gira sobre el mantra de que los jueces “deben ser independientes hasta de si mismos”, queriendo significar que un magistrado debe fallar de acuerdo a la realidad del expediente, dejando afuera sus convicciones personales. Más adelante, con ese “manual”, falló en la causa del “2x1” en casos de condenados por delitos de Lesa Humanidad.

Ese mismo día se desató un escándalo entre Lorenzetti y Rosenkrantz por el manejo del Centro de Información Judicial (CIJ). Fue así que, mediante una resolución, el nuevo presidente de la Corte denunció un vaciamiento del área de comunicación del Máximo Tribunal, indicando que “el área de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto ha quedado acéfala y sin personal suficiente para cubrir las importantes competencias”.

Lorenzetti no se quedó callado y más tarde salió al cruce de Rosenkrantz con una carta en la que señaló: "Nunca ocurrió en la Corte algo así. El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea".

Una nueva conducción

La tensión abarcó el funcionamiento de todo el Alto Tribunal, que comenzó a trabajar con una nueva dinámica. Fue así que a mediados de diciembre, una tríada conformada por Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, impusoa a la nueva gestión una seria de medidas, que abarcaron una “agenda” que adelanta las fechas de los fallos a resolver, y una importante acordada que reforma el reglamento de la Justicia Nacional y crea un “triunvirato” para decidir contrataciones y renuncias en el ámbito de la Justicia, sin necesidad de contar con el aval del presidente.

En el medio, la Corte dictó los fallos más importantes del año: la revisión de su doctrina sobre la aplicación de la ley del “2x1” a condenados por delitos de lesa humanidad, donde Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco modificaron su criterio y declararon inaplicablñe el beneficio, en virtud de la aplicación de la ley “interpretativa” sancionada al calor de la indignación por el fallo “Muiña”. Allí Rosenkrantz comenzó a formar una “minoría automática” votando en disidencia en la mayoría de los casos.

Luego, el Tribunal falló a favor de la Ley de Lemas en la Provincia de Santa Cruz y, en un fallo con fuerte impacto político y simbólico, resolvió en la causa “Blanco” desestimar un planteo de ANSES de actualizar las remuneraciones para el primer haber, del índice establecido en la Ley de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados, ratificando que se debe aplicar la doctrina de la Corte en el fallo “Eliff”. La tendencia de agenda y fallos importantes seguirá en 2019.