La Procuración emitió un histórico dictamen donde solicitó el sobreseimiento de cinco mujeres trans acusadas de narcotráfico por el estado de vulnerabilidad social alarmante en que viven estas personas.
Franco Picardi, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5, pidió el sobreseimiento de un grupo de mujeres trans acusadas de narcomenudeo, por considerar que por su identidad de género viven en una situación de extrema vulnerabilidad y falta de acceso a derechos básicos.
El fiscal emitió la medida en relación "al estado de necesidad acreditado en el expediente" y, paralelamente, pidió que se profundice la investigación respecto a la existencia de una organización que utiliza a mujeres trans en situación de extrema vulnerabilidad para comercializar estupefacientes.
El dictamente resaltó que el contexto y la dimensión construida del género autopercibido incidió en forma directa sobre la imputación. A ello debe sumarse la condición de migrantes de cuatro de las imputadas, oriundas de Perú.
El texto firmado por Picardo señala que "el colectivo aludido -al igual que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI)- integra un grupo vulnerado con altos índices de padecimiento de violencia y con importantes barreras en el acceso a derechos, en base a pretextos basados en su orientación sexual, identidad y/o expresión de género".
En ese sentido, el fiscal citó a la filósofa feminista Judith Butler, quien señaló que "lo que 'es' la persona y, de hecho, lo que 'es' el género siempre es relativo a las relaciones construidas en las que se establece. Como un fenómeno variable y contextual, el género no designa a un ser sustantivo, sino a un punto de unión relativo entre conjuntos de relaciones culturales e históricas específicas".
Para el funcionario judicial, "la presentación indica que la situación social, económica y laboral de cada una de las imputadas encaja taxativamente con el cuadro previamente descripto, caracterizado por escenarios de violencia, marginalidad, necesidades básicas instisfechas y, en líneas generales, la imposibilidad de desarrollarse libremente, con carencias de educación, trabajo formal, vivienda y demás derechos básicos que se suponen constitucionalmente garantizados para el conjunto de la sociedad, a tal punto de considerar como sobrevivientes a las acusadas".
El dictamente resaltó que el contexto y la dimensión construida del género autopercibido incidió en forma directa sobre la imputación. A ello debe sumarse la condición de migrantes de cuatro de las imputadas, oriundas de Perú.
Finalmente, Picardi señaló que "corresponde que el Estado, por un lado, aborde el fenómeno criminal analizado apuntando a su complejidad y los eslabones más altos de la cadena, de modo de atacar el problema estructural. Y al mismo tiempo, ofrezca alternativas no punitivas al colectivo trans para el desarrollo libre de su identidad y el pleno ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales que puedan modificar su vulnerabilidad frente a estas redes criminales que se valen de una penosa situación para obtener un rédito ilícito”.