El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba creó un Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil orientado a facilitar la comprensión por parte de los justiciables de las resoluciones y demás documentos o comunicaciones generados en el desarrollo de la función judicial, especialmente, cuando estos se dirijan a quienes conforman grupos vulnerables.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba decidió crear un Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil cuya finalidad es “promover acciones tendientes a facilitar la comprensión por parte de los justiciables de las resoluciones y demás documentos o comunicaciones generados en el desarrollo de la función judicial, especialmente, cuando estos se dirijan a quienes conforman grupos vulnerables definidos en las Reglas de Brasilia, así como a la ciudadanía en general”, según se detalla en el Acuerdo Reglamentario 1581, Serie “A”.
El Comité asesorará a los órganos jurisdicciones y a las oficinas administrativas en cuestiones relacionadas con la clarificación del lenguaje; diseñará y elaborará los productos comunicacionales para facilitar la comprensión de la actividad judicial por parte de personas sin formación jurídica y personas pertenecientes a grupos vulnerables; y desarrollará instancias de capacitación sobre clarificación de lenguaje jurídico y elaboración de comunicaciones de lectura fácil.
La iniciativa del TSJ se basa en los compromisos asumidos por los poderes judiciales argentinos en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en documentos internacionales referidos a la tutela de los derechos de las personas vulnerables (tales como las Reglas de Brasilia) y en las experiencias de clarificación del lenguaje jurídico que están siendo desarrolladas actualmente a nivel regional, nacional y provincial.
“La simplificación del lenguaje jurídico ha sido abordada en los documentos internacionales referidos a la tutela de los derechos de los grupos vulnerables, con una perspectiva particularizada. En la versión recientemente actualizada de las Reglas de Brasilia, la regla N° 58, establece que “toda persona en condición de vulnerabilidad tiene el derecho a entender y ser entendida”. La regla N° 59 prescribe que, “en las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad”. Idéntica medida promueve la regla N° 60, cuando postula que en las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico” explaya el documento.
La iniciativa del TSJ se basa en los compromisos asumidos por los poderes judiciales argentinos en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en documentos internacionales referidos a la tutela de los derechos de las personas vulnerables (tales como las Reglas de Brasilia) y en las experiencias de clarificación del lenguaje jurídico que están siendo desarrolladas actualmente a nivel regional, nacional y provincial.
Asimismo, convocará a especialistas con el fin de ofrecer un asesoramiento específico cuando estuvieran involucradas personas vulnerables y promoverá investigaciones relacionadas con la implementación de nuevas formas de comunicación con los justiciables, los auxiliares de la justicia y la ciudadanía, en general.