En Mendoza, un supervisor dependiente del gobierno provincial que fue dado de baja tras insultar al gobernador Alfredo Cornejo, en su cuenta de Facebook. El caso se judicializó y ahora la Suprema Corte deberá resolver un planteo del funcionario
En 2018, Ricardo Ermili, un docente de San Rafael (Mendoza), fue despedido de su cargo de supervisor en la Dirección General de Escuelas tras criticar al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en su cuenta de Facebook.
Concretamente, la publicación que desató la polémica fue: "Gobernador Alfredo Cornejo: A la luz de sus actos de gobierno afirmo que USTED ES UN SORETE mientras gestiona mi arresto por insultarlo (en virtud de su flamante y vergonzoso Código Contravencional)".
Ermili se quejó afirmando que “es como si para ser educadores tuviésemos que castrarnos políticamente y privarnos del derecho al insulto necesario en asuntos de interés público”
Según el texto en el que se lo despide de su cargo de supervisor, la publicación constituyó “conductas inapropiadas tanto en su rol como educador como así por su investidura de ser funcionario público al servicio de la Dirección General de Escuelas, como así podría encuadrar su conducta en una acción prohibida por el Código Contravencional”.
Por su parte, Ermili se quejó afirmando que “es como si para ser educadores tuviésemos que castrarnos políticamente y privarnos del derecho al insulto necesario en asuntos de interés público”; y presentó una Acción Procesal Administrativa (APA) contra el gobierno escolar, ya que éste no contestó un recurso jerárquico contra la baja de su cargo de supervisor suplente de la Sección IV, al que accedió en 2016.
Dicho planteo está siendo evaluado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y para el lunes 30 de septiembre está prevista una audiencia en los tribunales a los efectos de presentación de ciertas pruebas como legajo laboral y bonos de sueldo.
La Sala 2 de la Corte tiene en cuenta que Ermili inició la APA "ante la denegatoria tácita del recurso jerárquico". Actualmente, el caso está en manos de los supremos José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo.
También se manifestó el sindicato docente (SUTE) y lanzó una campaña en “defensa de las libertades democráticas” para exigir que cese “la política de hostigamiento y persecución contra quienes ejercen la libertad de opinión”.