Un grupo de abogados y médicos deberán afrontar un juicio oral, acusados de producir certificados médicos falsos que daban cuenta de dolencias inexistentes en trabajadores
En autos “A.C.E. y otros p.ss. aa.Estafa procesal continuada , asociación ilícita, certificado médico falso continuado s/oposición a elevación a juicio”, el Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba elevó a juicio una causa en la que se acusa a un grupo de abogados laboralistas y, posiblemente, en algunos casos, con la previa connivencia de abogados de las A.R.T., contando también con la colaboración imprescindible de médicos especialistas en medicina laboral, idearon la manera de obtener un rédito económico ilegítimo de las A.R.T. que tenían a su cargo la cobertura de riesgos del trabajo del personal de diferentes entidades, aprovechándose de las debilidades del sistema
Según se desprende del fallo del juez Gustavo Hidalgo, contrariamente a lo que debió ser el procedimiento regular y lógico, esto es, que el trabajador, al sufrir una enfermedad o accidente laboral, reclamara ante la A.R.T. el correspondiente tratamiento (conforme el objetivo de la Ley nº 24.557) y eventualmente una indemnización, y sólo en caso de no ver satisfecho su reclamo, consultara con un abogado laboralista para asesorarse sobre los pasos legales a seguir (administrativos y/o judiciales), es que el médico y/o los abogados, según el caso, se encargaron dolosamente, por sí o por intermedio de dateros o empleados a su cargo, de captar cientos de clientes, concurriendo a diferentes entes donde, mediante entrevistas personales, o bien repartiendo tarjetas o folletería, e inclusive mediante encubiertas publicidades informáticas o periodísticas, los convencían con el argumento de que las A.R.T. habían incumplido con diversas obligaciones.
Los abogados hacían concurrir a los empleados al consultorio de algún médico, quien realizaba una aparente revisación clínica, aunque en otros ni siquiera lo efectuaban, y luego les hacían firmar la demanda (muchas veces con modelos preimpresos, facilitándoles a los clientes sólo la página final donde debían firmar) y un pacto de cuota litis en el que, a veces, también resultaba beneficiado el médico interviniente.
De la investigación surgió que los abogados interponían cientos de demandas en un breve lapso ante la justicia laboral provincial, las que recaían en diferentes juzgados de conciliación acompañadas por un certificado ideológicamente falso en el que constaban patologías inexistentes o no vinculadas con el trabajo, luego de lo cual se ponían en contacto con la A.R.T. respectiva, o sus apoderados, advirtiéndoles que habían presentado numerosas demandas, o que tenían múltiples demandas para presentar, contra la respectiva aseguradora por montos que, sumados, arrojaban un total de varios cientos de miles de pesos, y le ofrecían a la ART demandada llegar a un acuerdo, reduciendo notablemente la pretensión dineraria original.
Todo ello incrementó exponencialmente el número de causas laborales en un corto período, colapsando a los Juzgados de Conciliación, lo cual les resultaba funcional a la maniobra ideada ya que el cúmulo de demandas de cada abogado no llamaba la atención en tal contexto.
Las ofertas eran aceptadas por las A.R.T., pues de esa manera aseguraban el costo del litigio y se evitaban tener que previsionar fondos superiores de los que no habrían podido disponer durante toda la tramitación del juicio -tres o cuatro años en promedio- si hubieran decidido continuar con el mismo.
Para instrumentar el acuerdo, ambas partes comparecían ante el juez correspondiente, y daban valor de pericia al certificado mencionado en último término, logrando con ello, los sujetos involucrados, que el tribunal homologara el acuerdo y que la demandada depositara los fondos para que se librara la pertinente orden de pago, con el consecuente perjuicio patrimonial.