20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024
En el marco de un pedido de acceso a la información

Empleados públicos con protección de datos

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán dictaminó que no se puede difundir la lista de empleados legislativos de la provincia por tratarse de "datos sensibles" y que no cuentan con la autorización de los estatales para su divulgación

En el marco de un juicio iniciado por el abogado Luis Iriarte contra el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, la ministra pública fiscal Estela Velia Giffoniello dictaminó que no se puede hacer pública la nómina de empleados de la legislatura de Tucumán por tratarse de "datos sensibles".

Giffoniello sostuvo que "el acceso a la información pública está consagrado de manera directa e indirecta como un derecho humano en numerosas convenciones. Es evidente su trascendencia, pero no se trata de un derecho absoluto, sino que su ejercicio puede ser legítimamente restringido pues todos los derechos se deben ejercer según las leyes que reglamenten su ejercicio".

El dictamen coincidió con la Fiscalía de Estado que afirmó que la demanda del letrado va en contra del "derecho a la intimidad y al honor", ya que "su pretensión es discriminatoria desde que asocia identidad, salario y afiliación política".

"No puede pasar inadvertido que la información tal cual ha sido requerida significa 'suponer la filiación política' de las personas que han trabajado en el ámbito del Poder Legislativo, lo cual la torna sensible pues se trata de datos personales con entidad para potencialmente afectar derechos personalísimos", agregó la fiscala.

En su demanda, Iriarte argumentó que el pedido se baja en la negativa de Jaldo de publicar la información y por "violar mi derecho operativo previsto en el artículo 13.1 del Pacto de San José de Costa Rica".

"El deliberado ocultamiento que hace el vicegobernador sobre los nombramientos lesiona gravemente los pactos internacionales con jerarquía constitucional", añadió el abogado.

Ante la negativa de la Legislatura de otorgar la información solicitada, que incluye la nómina del persona, número de DNI y sueldo percibido, ahora deberá fallar la Corte Suprema de Justicia de la provincia. 

 

 

 


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