En una acción colectiva, la Justicia libró un oficio a Cancillería para que informe si efectivamente se suscribió el memorándum con China para producir carne de cerdo.
Avanza en la Justicia Contencioso Administrativa una acción colectiva contra el proyecto de instalación de megagranjas porcina en todo el territorio de la Argentina, en virtud del memorandum de entendimiento entre Argentina y la República Popular de China con vistas a la celebración de acuerdo comercial
Se trata de una causa impulsada por organizaciones socioambientales junto a un colectivo de profesionales, a los fines de “hacer cesar el estado de incertidumbre que tienen como habitantes, respecto a la necesidad de la participación en el proceso de toma de decisiones sobre el plan de producción porcina que elevaría la actual de casi 6 millones hasta 100 millones de cabezas de cerdos en la Argentina, que se habría realizado entre entidades privadas de la Argentina y China, y que se consolidaría con la suscripción de un memorándum”.
El planteo de incertidumbre, según consta en la presentación, “es respecto de si es constitucionalmente exigible, conforme a los compromisos internacionales que detallan asumidos por el Estado Argentino, considerando el impacto significativo ambiental, sanitario y climático con incidencias interjurisdiccionales y las características del plan de producción porcina”. También se hizo hincapié en la realización de una evaluación ambiental y la participación ciudadana.
Ante los recientes declaraciones de funcionarios sobre un posible cierre del acuerdo comercial, los actores solicitaron que se libre oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que informe en el expediente judicial si efectivamente se suscribió con China el memorándum.
Detallaron, asimismo, riesgos y los perjuicios a los que, según manifiestan, se encontraría sometido el país ante la concreción del programa nacional de producción porcina y que dicho programa “no cuenta con licencia social”.
La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 10, a cargo de Walter Lara Correa. Ante los recientes declaraciones de funcionarios sobre un posible cierre del acuerdo comercial, los actores solicitaron que se libre oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que informe en el expediente judicial si efectivamente se suscribió con China el memorándum.
De este modo, el Juzgado avanzó con el oficio y requirió la información a las autoridades de Cancillería, la que deberán responder en el plazo de 20 días. “(…) se hace necesario con carácter previo a proveer las medidas peticionadas corroborar que se encuentra firmado el memorándum respecto del cual se busca la realización de determinados actos previos a su ejecución”, aclaró el magistrado.