Las fiscalías de Salta, Corrientes y Jujuy en un trabajo coordinado que incluyó 21 allanamientos, 15 detenciones y el secuestro de numerosos elementos de prueba para la causa, avanzó contra un grupo de delincuentes que operaban estafando a familiares de otros detenidos a quienes les hacían creer que eran funcionarios judiciales que podían otorgarles beneficios como la prisión domiciliaria de sus parientes privados de la libertad a cambio de un pago de dinero.