El Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas (CGEE) del Poder Judicial de Córdoba presentó un informe anual con un mapeo territorial de las causas relacionadas con niñas, niños y adolescentes (NNA) en la provincia. En el documento se observa un aumento de ingresos respecto al año anterior.
En este sentido, la provincia experimentó, en 2022, un crecimiento del 37% en la cantidad de causas iniciadas relacionadas con NNA en comparación al año 2021. Durante 2022, ingresaron un total de 1.788 causas, que contaron con la participación de 1.811 NNA.
El universo de casos desde los cuales se relevó información se corresponde con todos los menores a quienes durante el año 2022 se les inició una causa Penal Juvenil.
Del mapeo geográfico realizado, se destaca que el 55% de las causas provienen de Córdoba Capital, seguida por las sedes de Río Cuarto y Villa María. Sin embargo, al evaluar la relación entre el número de causas y la población de cada una de las sedes, Laboulaye, Villa María y Huinca Renancó resaltan como las sedes con mayor incidencia de causas en lo penal juvenil, ya que estos casos se ubican por encima del promedio provincial (3,86 causas cada 10.000 habitantes).
En cuanto al perfil de los menores involucrados en estas causas, el informe revela que el 86% de ellos son varones y el 55% tenía menos de 16 años. Además, se constató que la mitad de los jóvenes admitió consumir algún tipo de sustancia psicoactiva.
En cuanto a las medidas respecto a los menores, el documento destaca que el 10% de los NNA estuvieron privados de libertad; mientras que se aplicaron medidas de coerción no privativas de libertad sobre el 17% de los NNA, de los cuales casi la totalidad fueron medidas de supervisión en territorio.
En lo que respecta a los tipos de delitos registrados, se observa que aquellos que atentan contra la propiedad representan la mayoría en la provincia, con un 52% de los casos, según se desprende del relevamiento.
El 28% de los jóvenes ya habían cometido algún hecho con anterioridad al 2022. Más de la mitad de los delitos registrados corresponden a delitos contra la propiedad seguido por los delitos contra las personas con un 14%. Al comparar entre Capital e Interior, la incidencia de los delitos contra la propiedad es mayor en la primera con un 56%, mientras que en el Interior alcanza el 45%.
A diferencia de los números unificados, en Capital toman mayor relevancia los delitos contra la administración pública (14%) que los delitos contra las personas (8%) que se ubican en cuarto lugar. En cambio, en el Interior se mantiene la tendencia general y los delitos contra las personas se ubican en segundo lugar con un 25%.
En cuanto a las medidas respecto a los menores, el documento destaca que el 10% de los NNA estuvieron privados de libertad; mientras que se aplicaron medidas de coerción no privativas de libertad sobre el 17% de los NNA, de los cuales casi la totalidad fueron medidas de supervisión en territorio.