El traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires es un tema candente que, recurrentemente, vuelve a la mesa de debate. Los jueces y funcionarios nacionales se oponen en duros términos, incluso la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) reiteró en varias ocasiones su postura contra los intentos de avanzar en ese sentido. En CABA, por su parte, afirman que el traspaso es una deuda en el proceso de autonomía local, luego de la reforma constitucional de 1994.
No se trata de una pelea nueva. Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri se intentó una iniciativa para el traspaso a la órbita porteña de todas las competencias nacionales pendientes –penal, civil, comercial y laboral-, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble. En este sentido, Macri y el exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron convenios de transferencia de funciones de los tribunales porteños, pero debían ser ratificados por los respectivos recintos legislativos. Luego, el exministro de Justicia, Germán Garavano envió el texto al Congreso en el marco de un paquete denominado Justicia 2020, sin embargo, nada pasó.
Posteriormente, la Legislatura porteña sancionó una ley 6452, la cual -en su artículo 4- habilita al Tribunal Superior de Justicia porteño a entender en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Este texto fue suspendido cautelarmente por Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en el marco de una causa impulsada por la Asociación de Magistrados.
"Instrúyese al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años", indica la flamante iniciativa en el capítulo X, artículo 439.
Ahora se reflotó la idea mediante el proyecto de ley "ómnibus" enviado por el Gobierno nacional al Congreso, que impulsa -entre otras cuestiones- el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires en el plazo de tres años.
"Instrúyese al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años", indica la flamante iniciativa en el capítulo X, artículo 439.
En cuanto a la Inspección General de Justicia (IGJ), la iniciativa establece que "estará a cargo de un Inspector General, que la representa y es responsable del cumplimiento de esta ley". "El Inspector General será designado por el Poder Ejecutivo Nacional de una terna propuesta: uno por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y dos por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires", concluye el texto que será girado a las diferentes comisiones.
Repercusiones
“El traspaso solo tiene como fin la concentración absoluta de poder en manos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para con ello intervenir de manera directa en la vida de las empresas (en su gran mayoría con sede en CABA), afectándose gravemente el federalismo ya que el resto de las provincias se encontrarían sometidas a las decisiones de esta justicia local”, afirmaron desde la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) en un comunicado de prensa.
La UEJN destacó también que "cualquier reforma que se pretenda realizar sobre la justicia deberá contemplar de manera integral las necesidades que la afectan, como lo es la ampliación de la planta de personal; la realización de concursos para cubrir vacancias de magistrados; y la puesta en funcionamiento de un sistema informático de gestión acorde a los tiempos que corren".
Asimismo, el gremio liderado por Julio Piumato señaló que el proyecto “solo pretende constituirse como herramienta para garantizar la violación de los derechos humanos de los trabajadores/as, consagrados por nuestra Carta Magna y diversos Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país, olvidando que los derechos deben ser progresivos y no regresivos”, por lo que la UEJN se declaró en estado de alerta y movilización.
Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) ratificó la “posición histórica” de la entidad "frente a los intentos de traspaso del fuero nacional". "La Justicia Nacional no puede pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que ello implicaría una clara violación de la Constitución Nacional, hecho que orgánicamente no podemos permitir y al que nos oponemos férreamente", sostuvo la asociación presidida por Andrés Basso, quien ya se había pronunciado en contra de esta iniciativa en otras oportunidades.
"Sepan nuestros asociados y asociadas que estamos en permanente alerta frente a esta situación ya que, además de las innumerables razones normativas y constitucionales que lo impiden, el traspaso intentado sólo redundaría en perjuicio del justiciable y de la sociedad en su conjunto, a la vez que afectaría gravemente principios básicos de la independencia judicial", consigna el texto.