La Asociación Civil por los Derechos de as Víctimas de Homicidio, Usina de Justicia, inició un expediente ante la Corte Suprema y solicitó el acceso de las víctimas al expediente digital Lex100, aun cuando éstas no sean parte querellante ni cuenten con un abogado que las asista.
Desde la organización basaron el pedido en la necesidad de promover, respetar y garantizar el "derecho al acceso de la justicia y la participación" de las víctimas en los procesos penales. En concreto, propusieron crear una categoría nueva en el Sistema de Gestión Judicial - denominada "víctimas de delitos"- para el acceso al expediente y que así puedan examinarlo.
Actualmente, el Lex 100 permite la incorporación de intervinientes que pueden interactuar con el expediente judicial digital al cual se relacionan, a todo interviniente que haya adquirido la identidad Electrónica Judicial (IEJ) prevista y regulada en la acordada 4/2020. El IEJ se encuentra disponible para todo usuario abogado o profesional, que a través de su colegiación, matriculación y registro, permita al sistema identificado debidamente, otorgándole las credenciales para poder ingresar a ver expedientes, subir escritos, confeccionar cédulas y hacer oficios electrónicos.
De este modo, se enviaron las actuaciones a la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema, para que por su intermedio y análisis, se remita a la Dirección General de tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Ese nuevo pedido "no tiene su correlato en las funcionalidades del sistema", según explicaron y aclararon que todos los Juzgados Nacionales y federales poseen herramientas digitales -no automatizadas- que permiten interactuar con las víctimas.
En este sentido, Daniel Del Buono, secretario de Juzgado integrante la Comisión Nacional de Gestión Judicial, estimó prudente evaluar alguna funcionalidad que permita automatizadamente disponibilizar a discreción de los magistrados, de las actuaciones judiciales a las víctimas de delito, así como éstas puedan interactuar con el expediente judicial, tal como lo hacen aquellos con IEJ.
De este modo, se enviaron las actuaciones a la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema, para que por su intermedio y análisis, se remita a la Dirección General de tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación.