En un comunicado publicado en conjunto por la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, las Defensorías Públicas Oficiales ante las Cámaras de Apelaciones de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial de Santa Cruz, las Defensorías Públicas Oficiales de Mayores y de Niños, Niñas y Adolescentes ante los Juzgados de Primera Instancia de la capital y de todas las localidades del interior de esa provincia.
A la que se sumaron la Oficina de Orientación para el Acceso a la Justicia, las Oficinas de Asistencia Letrada para Víctimas de Violencia, el Órgano de Revisión de Salud Mental y el Equipo de Apoyos Interdisciplinarios, los funcionarios declararon su “más enérgico repudio”.
Posicionándose contra todo proyecto de ley que baje la edad de imputabilidad a los 13 años de edad, lo que a su entender contrariaría las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.
Los firmantes del texto sostienen que cualquier modificación al régimen penal juvenil debía adecuarse a la Convención sobre Derechos del Niño y a las leyes 26061 y 3062 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
“Bajar la edad de imputabilidad o endurecer las penas no es una solución eficaz, porque sabemos que es la desigualdad la causa que está íntimamente relacionada con la criminalidad y con la violencia social y familiar”
Según explicaron, la normativa impone el principio de no regresividad que impide dictar leyes o implementar políticas que supongan una disminución en los derechos reconocidos a los NNA como resultaría de bajar la edad de imputabilidad.
Esto, en tanto haría ingresar a los menores a la órbita de la punición, lo que debería ser la última respuesta del Estado frente a un ilícito.
“Bajar la edad de imputabilidad o endurecer las penas no es una solución eficaz, porque sabemos que es la desigualdad la causa que está íntimamente relacionada con la criminalidad y con la violencia social y familiar”, sostuvieron, concluyendo que “a mayor igualdad, es menor la discriminación y la estigmatización, por lo cual es menor la criminalidad”.
El comunicado analiza parte del proyecto y la normativa internacional en la materia y explica que si bien “es necesario rediscutir el actual régimen penal de menores… ello no implica “necesariamente” bajar la edad de imputabilidad como se viene sosteniendo desde distintos sectores sociales y políticos”.
Y cierra destacando que “no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito, y añade dudas respecto a si se asignarán los presupuestos respectivos” por lo que termina profundizando la criminalización de los pobres “por el solo hecho de serlos”, a la vez que elude responsabilidades estatales como es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñeces.