04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024
Santa Cruz

Las Asesorías no quieren niños presos

En un comunicado firmado en conjunto por la mayoría de las defensorías de la provincia, se rechaza los proyectos de ley que bajen la edad de imputabilidad de niños, niñas y adolescentes, analizando que no sería la solución al problema de la inseguridad y los delitos cometidos por menores.

(motionlantern| es.vecteezy.com)

En un comunicado publicado en conjunto por la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, las Defensorías Públicas Oficiales ante las Cámaras de Apelaciones de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial de Santa Cruz, las Defensorías Públicas Oficiales de Mayores y de Niños, Niñas y Adolescentes ante los Juzgados de Primera Instancia de la capital y de todas las localidades del interior de esa provincia.

A la que se sumaron la Oficina de Orientación para el Acceso a la Justicia, las Oficinas de Asistencia Letrada para Víctimas de Violencia, el Órgano de Revisión de Salud Mental y el Equipo de Apoyos Interdisciplinarios, los funcionarios declararon su “más enérgico repudio”.

Posicionándose contra todo proyecto de ley que baje la edad de imputabilidad a los 13 años de edad, lo que a su entender contrariaría las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Los firmantes del texto sostienen que cualquier modificación al régimen penal juvenil debía adecuarse a la Convención sobre Derechos del Niño y a las leyes 26061 y 3062 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

“Bajar la edad de imputabilidad o endurecer las penas no es una solución eficaz, porque sabemos que es la desigualdad la causa que está íntimamente relacionada con la criminalidad y con la violencia social y familiar”

 

Según explicaron, la normativa impone el principio de no regresividad que impide dictar leyes o implementar políticas que supongan una disminución en los derechos reconocidos a los NNA como resultaría de bajar la edad de imputabilidad.

Esto, en tanto haría ingresar a los menores a la órbita de la punición, lo que debería ser la última respuesta del Estado frente a un ilícito.

 “Bajar la edad de imputabilidad o endurecer las penas no es una solución eficaz, porque sabemos que es la desigualdad la causa que está íntimamente relacionada con la criminalidad y con la violencia social y familiar”, sostuvieron, concluyendo que “a mayor igualdad, es menor la discriminación y la estigmatización, por lo cual es menor la criminalidad”.

El comunicado analiza parte del proyecto y la normativa internacional en la materia y explica que si bien “es necesario rediscutir el actual régimen penal de menores… ello no implica “necesariamente” bajar la edad de imputabilidad como se viene sosteniendo desde distintos sectores sociales y políticos”.

Y cierra destacando que “no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito, y añade dudas respecto a si se asignarán los presupuestos respectivos” por lo que termina profundizando la criminalización de los pobres “por el solo hecho de serlos”, a la vez que elude responsabilidades estatales como es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñeces.

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