La Comisión de Legislación y Asuntos Constituciones del Senado comenzó a analizar un proyecto que fue impulsado por la legisladora provincial María Laura Sainz, que busca modificar el inciso a) del artículo 19 del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, para incluir el Juicio de Adopción entre los procesos que no requieren patrocinio letrado.
La iniciativa busca “facilitar el ejercicio de la acción de manera de agilizar el proceso, en virtud que la adopción tiene la importancia fundamental de emplazar al estado de hijo a aquellos niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad, protegiendo de esta manera su identidad”, según sus fundamentos.
El texto explica que todos los trámites de inscripción de los pretensos adoptantes ante el Registro Provincial de Adopción, la primer etapa de vinculación y guarda pre adoptiva “resultan totalmente gratuitos y no requieren patrocinio letrado”, pero “para obtener finalmente la sentencia de adopción, con la cual ese niño, niña o adolescente será emplazado al estado de hijo de esta familia adoptiva y podrá afirmar asimismo su identidad, se debe iniciar el juicio de adopción en el cual los pretensos adoptantes necesitan asistir con patrocinio letrado”.
Para Sainz, no se trata de “desmerecer el valor de la asistencia letrada en cualquier proceso judicial” sino que “exigir el patrocinio letrado en el juicio de adopción, luego que todas las etapas anteriores se cumplimentaron sin patrocinio, lejos de importar un beneficio para las partes, puede llevar a obstaculizar el inicio de la acción”.
“Atento esta exigencia, los pretensos adoptantes tienen dos opciones para iniciar el proceso. Acudir a los codefensores y abogados ad hoc de familia, quienes actualmente se encuentran colapsados por la cantidad de causas que tienen a su cargo, lo que lleva a que muchas veces los ciudadanos prefieran por no optar por esta vía debido a que necesitan que su proceso tramite lo más rápido posible. O buscar la asistencia de un abogado particular, quien obviamente, cobrará por su trabajo”, agrega el proyecto.
Sobre este último punto, la legisladora indicó que el problema es que “muchas familias no tienen los recursos para abonar un abogado particular o deben ahorrar durante un tiempo para poder afrontar dicho proceso, lo que conlleva a un retardo, muchas veces excesivo, en el inicio de la acción, vulnerando de esta manera los principios de tutela judicial efectiva, el interés superior del niño y su derecho a la identidad”.
Para Sainz, no se trata de “desmerecer el valor de la asistencia letrada en cualquier proceso judicial” sino que “exigir el patrocinio letrado en el juicio de adopción, luego que todas las etapas anteriores se cumplimentaron sin patrocinio, lejos de importar un beneficio para las partes, puede llevar a obstaculizar el inicio de la acción”.
“No por un mal desempeño de los abogados, sino porque es un requisito más a cumplir por los pretensos adoptantes que dificulta la agilidad que requiere el instituto. Es por ello, que entendemos necesario brindar todas las herramientas que sean necesarias a fin de resolver las dificultades que presenta el Instituto de adopción, de manera de acortar la prolongación de las guardas pre adoptivas, atento que los principales perjudicados con esta problemática son los niños en situación de vulnerabilidad”, concluye la iniciativa.