El juez federal Ariel Lijo defenderá su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, ante la Comisión de Acuerdos del Senado este miércoles. Será a partir de las 10, en el Salón Azul, donde el magistrado se someterá al interrogatorio de los legisladores.
Luego de que su pliego tomara estado parlamentario y se formalizara la fecha de audiencia, su postulación recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares.
Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, rectores de universidades, el gremio de los judiciales liderado por Julio Piumato, y la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina.
Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. Por su parte, Manuel García Mansilla tendrá su turno la próxima semana, se perfila como el reemplazante de Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.
La paridad de género, las principales críticas
Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, rectores de universidades, el gremio de los judiciales liderado por Julio Piumato, y la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina.
Al responder a los cuestionamientos en su contra, Lijo rechazó acusaciones sobre su idoneidad moral, incremento patrimonial, falta de formación académica y desempeño como juez.
Cabe recordar que el mes pasado, en medio del avance de los pliegos, el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó tratar el amparo colectivo contra las postulaciones de Lijo y García Mansilla para garantizar la paridad de género en el Máximo Tribunal del país.
Se trata de una medida interpuesta por la Red de Mujeres para la Justicia, Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Center for Justice and International Law (CEJIL), con el objetivo de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo cumplan con la legislación que promueve la adopción de medidas positivas para garantizar la paridad de género en la composición de la Corte Suprema de Justicia.
“La subordinación y discriminación estructural que ha impedido a las mujeres el acceso a los puestos de mayor jerarquía en el Estado en general, en el Poder Judicial en particular, y más específicamente en la Corte Suprema de Justicia, es una violación abierta al derecho de igualdad y a la calidad democrática de nuestras instituciones”, sostuvieron en la presentación.
Sin embargo, la justicia rechazó el pedido tras considerar que se trata de una cuestión política no judiciable. “Que el Poder Judicial intervenga, suspenda, condicione o entorpezca el proceso reglado de consideración y tratamiento parlamentario de los Mensajes 30/24 y 31 /24 excede ampliamente el campo de lo que se encuentra sometido al control judicial, ya que por un lado hay una cuestión de política de gestión que es privativa del Poder Ejecutivo; y por otro lado, hay razones de política parlamentaria que competen exclusivamente al Senado” sostuvo la jueza Cecilia Ghirardi Madariaga de Negre.
El fallo recalcó que “no existe una norma específica que establezca un cupo femenino obligatorio, por lo que requerir que la suscripta establezca ello ante esa carencia normativa pretendiendo que el Senado no trate el pliego de ningún candidato a Juez de la Corte Suprema que no sea mujer no sería otra cosa que legislar sobre la materia, situación que por supuesto se me encuentra vedada”.