20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024
Derecho ambiental

El desmonte chaqueño no conoce de colores políticos

Una nueva medida cautelar busca paralizar el desmonte en el Chaco, ante la denuncia de supuestos hechos de corrupción que involucra a funcionarios públicos del poder actual. Ya en 2021 con otro partido en el poder, también existió una cautelar similar, en lo que aparece como una problemática sin fin.

(Mohamad Azam Toiman| vecteezy.com)

La Justicia Federal en Chaco admitió una medida cautelar que lucha contra el avance de la deforestación descontrolada en la provincia, tras una investigación de supuestos hechos de corrupción. 

La historia sobre la deforestación chaqueña es larga y triste, puesto que ya con el anterior gobierno de otro tinte político, se había ordenado una medida similar en 2021

En este nuevo hecho, con un poder ejecutivo renovado demuestra que la problemática trasciende a los partidos políticos,

El caso caratulado “Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas s/ Incidente de Medida Cautelar”, se inicia con la denuncia de un grupo de abogados, ante la cual el fiscal federal formuló un requerimiento de instrucción formal contra varios acusados, entre los que se encuentran funcionarios públicos.

Para los actores existe “un entramado de corrupción de funcionarios públicos, personas del sector privado, así como personas jurídicas que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en toda la provincia del Chaco”.

Los delitos que se investigan son “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, “tráfico de influencias”, “negociaciones incompatibles con la función pública”, “malversación de caudales públicos” y “asociación ilícita”.

 

Para los actores existe “un entramado de corrupción de funcionarios públicos, personas del sector privado, así como personas jurídicas que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en toda la provincia del Chaco”.

 

Ante esas actuaciones, el fiscal requirió una cautelar de “inmediato cese de desmontes” por el posible daño irreversible que podría ocurrir si continúan los desmontes en toda la provincia como viene ocurriendo. Fundó su petición en los principios ambientales que requieren de un actuar inmediato ante el peligro en la demora.

En concreto, se teme por el daño existente en el ecosistema, que afecta la flora, fauna, ciclos hidrológicos, erosiones y desertificaciones del suelo, todo ello vinculado al cambio climático.

La acusación ocurre luego de que el 30 de abril de 2024 legisladores chaqueños “a instancias de funcionarios del poder ejecutivo provincial y de espaldas a la sociedad, modificaron el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)”.

Esta modificación redujo la protección de bosques permitiendo el avance de las topadoras en territorios campesinos e indígenas, poniendo en peligro especies autóctonas como el yaguareté, para extender las zonas de ganadería.

 

ordena al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco (Ministerio de la Producción y el Desarrollo económico sostenibles) la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieran sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de la provincia. Además, ordenó que se tome medidas para “supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la misma”.

 

Esto va en contra de la normativa que dice que “una vez alcanzado cierto estándar de protección, el mismo no puede retrotraerse” como sucedió con el nuevo OTBN donde zonas “amarillas” pasaron a ser “verdes”, admitiendo la explotación que antes estaba restringida.

El caso, radicado ante el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, obtuvo un pronunciamiento cautelar favorable por parte de la juez Zunilda Niremperger, que trajo a colación fallos de la CSJN sobre materia ambiental con la aplicación del principio precautorio y el “in dubio pro natura”.

Por lo tanto, ante la existencia de la verosimilitud del derecho suficiente y peligro en la demora, la medida era procedente, en tanto se busca impedir un daño ambiental de incidencia colectiva o su agravación.

La medida, en definitiva, ordena al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco (Ministerio de la Producción y el Desarrollo económico sostenibles) la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieran sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de la provincia.

Además, ordenó que se tome medidas para “supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la misma”.

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