Luego de la noticia de que el gobierno podría eliminar el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación dos proyectos de resolución para que el Ejecutivo informe correctamente sobre el tema.
Concretamente, se pidió al gobierno que “defina y detalle la existencia de un proyecto o plan concreto para la disolución, modificación o transformación de COPREC, indicando en su caso el marco legal y normativo que lo sustenta” y que detalle “los criterios de admisión y derivación a través de la Ventanilla Única Federal respecto de las jurisdicciones a lo largo y ancho del país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los recientes cambios que se hayan implementado”.
“El COPREC, además de mecanismo de resolución de controversias, por atribuciones de la propia Ley 26.993, funciona como agotamiento de instancia administrativa para iniciar la pertinente vía judicial en casos con competencia nacional y federal. De descentralizar o desarticular este sistema, se vulneraría aún más la situación de las personas ya que de conformidad con el art. 73 inc. m) de la ley 26.993, la conciliación provincial o en CABA a través de los CGP solo habilita el fuero provincial”, recordó la iniciativa.
En caso que efectivamente deseen avanzar con la eliminación del COPREC, que informe que "mecanismos utilizarían para compensar el requisito de agotamiento de instancia administrativa para los tribunales federales/nacionales".
A través del documento, se advirtió al gobierno que la medida “plantea un serio riesgo para los derechos de las y los consumidores, ya que tanto las OMIC como la prestación del servicio de COPREC no se encuentran en igual estado de funcionamiento, ni tampoco lo hacen con la misma efectividad en todas las provincias y regiones del país”.
“Estos posibles cambios podrían dejar a numerosos consumidores en una situación de desprotección, ya que muchos de ellos han contado históricamente con la asistencia de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que operaban en sus cercanías, facilitando la gestión y resolución de conflictos originados en relaciones de consumo”, se agregó al respecto.
“El COPREC, además de mecanismo de resolución de controversias, por atribuciones de la propia Ley 26.993, funciona como agotamiento de instancia administrativa para iniciar la pertinente vía judicial en casos con competencia nacional y federal. De descentralizar o desarticular este sistema, se vulneraría aún más la situación de las personas ya que de conformidad con el art. 73 inc. m) de la ley 26.993, la conciliación provincial o en CABA a través de los CGP solo habilita el fuero provincial”, recordó la iniciativa.
Por ese motivo, “resulta imperioso que el Poder Ejecutivo Nacional informe en detalle a esta Honorable Cámara sobre los puntos detallados y las proyecciones sobre los cambios en el Sistema de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo. Toda vez que la protección de las y los Consumidores es un pilar esencial del orden jurídico argentino y resulta inaceptable que queden expuestos a una posible falta de atención efectiva por decisiones, fallas o desórdenes administrativos”.