17 de Diciembre de 2024
Edición 7114 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 18/12/2024

Esquemas Ponzi: el Estado los vigila

La nueva Resolución N° 1330/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación modifica el art. 2 de la anterior Resolución N° 428/2024, extendiendo la presencia de las fuerzas de seguridad en el ciberespacio. La norma incorpora los delitos de intermediación financiera no autorizada mediante criptoactivos.

(kanawatth| vecteezy.com)

El Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante la reciente  Resolución N° 1330/2024 , ha ampliado las facultades de las fuerzas policiales y de seguridad federales para actuar preventivamente en el ciberespacio. 

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica el artículo 2 de la Resolución N° 428/2024 , sumando la investigación de delitos relacionados con la intermediación financiera no autorizada mediante criptoactivos y ampliando el concepto de "lavado de dinero" a "lavado de activos". 

 

“El constante avance de transacciones relacionadas con criptoactivos, así como la utilización de plataformas tecnológicas para su uso y difusión, está generando espacios de actuación para el desarrollo de delitos ciberasistidos y ciberdependientes con un gran número de víctimas de todos los estratos sociales y económicos”

 

Además, se reforzó la presencia en otros ámbitos digitales para combatir delitos como el acoso sexual, la trata de personas y las estafas piramidales. La ministra Patricia Bullrich, firmante de la resolución, justificó su decisión en “el constante avance de transacciones relacionadas con criptoactivos, así como la utilización de plataformas tecnológicas para su uso y difusión, está generando espacios de actuación para el desarrollo de delitos ciberasistidos y ciberdependientes con un gran número de víctimas de todos los estratos sociales y económicos”.

La Resolución N° 1330/2024 introduce cambios significativos en el marco normativo previo. El nuevo artículo 2 habilita actividades preventivas virtuales relacionadas con infracciones a varias leyes nacionales, como la Ley 23.737 sobre estupefacientes, la Ley 20.429 sobre armas, y la Ley 26.388 que tipifica delitos informáticos. También abarca la comercialización de bienes ilícitos, falsificación de instrumentos públicos, violencia de género, acoso sexual, y abuso de menores, entre otros.

La principal novedad radica en la incorporación del inciso m, que faculta a las fuerzas de seguridad para abordar delitos de intermediación financiera no autorizada mediante criptoactivos. Esta medida responde al crecimiento de estas transacciones y su potencial uso para actividades ilícitas. Adicionalmente, el cambio de "lavado de dinero" por "lavado de activos" amplía el alcance de la normativa para abarcar un espectro más amplio de delitos financieros.

Según se destaca en los fundamentos de la norma, “el constante avance de transacciones relacionadas con criptoactivos, así como la utilización de plataformas tecnológicas para su uso y difusión, está generando espacios de actuación para el desarrollo de delitos ciberasistidos y ciberdependientes con un gran número de víctimas de todos los estratos sociales y económicos”. Esta declaración refuerza la necesidad de intervenir en el ciberespacio, donde los delitos como la trata de personas y las amenazas relacionadas con la difusión de datos o imágenes privadas también han proliferado.

El Ministerio también busca prevenir la venta libre de elementos que requieran autorización y cualquier otro delito que se detecte en el ciberespacio. Además, la norma autoriza a las fuerzas de seguridad a participar en el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, incluyendo la localización de personas desaparecidas o extraviadas.

Por último, esta medida también considera el auge de estafas y fraudes financieros, que, junto con las nuevas tecnologías, se han convertido en un desafío urgente para las fuerzas de seguridad. Con esta ampliación, el Ministerio de Seguridad refuerza su compromiso de actuar proactivamente en un ámbito clave como el ciberespacio, buscando garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los nuevos desafíos del delito digital.

 

 


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