El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn expresó su repudio a los dichos del gobernador Ignacio Torres en el marco del tratamiento de la ley que obliga a los trabajadores a transitar por las comisiones médicas antes de iniciar acciones judiciales.
Tras la sesión en la Legislatura del Chubut, Torres dijo que el proyecto de ley tratado “le pone fin a los ‘caranchos’, que son los abogados que estafan a los trabajadores y a quienes generan trabajos. Hay y no son pocos, los que nunca laburaron en su vida que se entongan y amenazaron a diputados incluso. A los estafadores les digo que van a tener que rendir cuentas ante la justicia y la sociedad”.
El Colegio reafirmó su rechazo a la adhesión de Chubut a la Ley 27.348 por considerarla un perjuicio para los trabajadores y empleados de la provincia y solicitaron que el gobernador “identifique con nombre y apellido a los profesionales a los que estaría aludiendo como parte de la mafia que estafa a los trabajadores y empleadores, para ejercer el adecuado control de la matrícula”.
Para los abogados de Madryn, el gobernador “descalifica el ejercicio de los profesionales de la abogacía por el solo hecho de oponerse a la adhesión a la referida ley nacional, que modifica el régimen de los accidentes de trabajo en perjuicio de los trabajadores”.
El comunicado afirmó que Torres “ejerce un prejuzgamiento que no respeta el estado jurídico de inocencia y el debido proceso” y compararon sus declaraciones con las del exgobernador Mario Das Neves “cuando desde la abogacía se cuestionaban algunas de sus decisiones del gobierno contrarias a la Constitución Nacional y Provincial que encubren que la población padece hace años de un sistemático incumplimiento de las leyes en materia de derechos laborales”.
El Colegio reafirmó su rechazo a la adhesión de Chubut a la Ley 27.348 por considerarla un perjuicio para los trabajadores y empleados de la provincia y solicitaron que el gobernador “identifique con nombre y apellido a los profesionales a los que estaría aludiendo como parte de la mafia que estafa a los trabajadores y empleadores, para ejercer el adecuado control de la matrícula”.
“La responsabilidad por las demandas en el fuero laboral no la tienen los trabajadores, que inician los procesos judiciales reclamando sus derechos, ni los abogados que patrocinan a esos trabajadores afectados por el incumplimiento de leyes laborales de orden público".
"La justicia del trabajo es el último refugio con que cuentan los trabajadores cuando padecen actos ilícitos o daños sufridos en ocasión del trabajo. Los procesos judiciales son la consecuencia del sistema y no las causas de su fracaso”, concluyó el comunicado.
“Apelamos a la instancia del diálogo e intercambio de ideas constructivas en lugar de la imposición de medidas sin consensos y sin mayores explicaciones, e instamos a las autoridades legislativas a convocar a los profesionales y expertos en la materia a debatir con transparencia estas cuestiones de cara a la ciudadanía”.