Los abogados no quieren informar

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, le envió una nota al nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, donde le solicitó la suspensión temporal de las obligaciones establecidas en la Resolución N° 48/2024.

Se trata de la ley que introdujo reformas al régimen de prevención de lavado de activos y a la financiación del terrorismo, y se incluyó a los abogados como sujetos obligados a informar a la UIF de conformidad con las normas dictadas por dicho organismo.

“Cabe informar de las dudas que todavía resguardan muchos matriculados respecto de una posible violación del secreto profesional, el que resulta un pilar fundante de la relación entre el abogado y su cliente. Este instituto, que encuentra fundamento directo en el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la intimidad, es una garantía fundamental del sistema jurídico para asegurar la cabal realización de otros derechos”, destacó la carta. 

En la misiva, Gil Lavedra le propuso a Starc un nuevo plazo que permita una implementación adecuada de la medida y destacó que la solicitud “responde a la complejidad de las obligaciones establecidas en la resolución mencionada y a las inquietudes planteadas por los matriculados sobre su impacto en el secreto profesional, pilar fundamental de nuestra actividad, como así también sobre sus posibles consecuencias legales”.

“Cabe informar de las dudas que todavía resguardan muchos matriculados respecto de una posible violación del secreto profesional, el que resulta un pilar fundante de la relación entre el abogado y su cliente. Este instituto, que encuentra fundamento directo en el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la intimidad, es una garantía fundamental del sistema jurídico para asegurar la cabal realización de otros derechos”, destacó la carta. 

También recordó que “desde el Colegio Público promovimos un amparo colectivo sobre esta normativa, actualmente en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal nº 4, cuya apelación aún está pendiente”.

Gil Lavedra reiteró su buena predisposición para avanzar con la UIF y los otros colegios públicos de la abogacía en la simplificación de estas obligaciones y en una Evaluación Sectorial de Riesgos que "permita una correcta implementación y garantice el ejercicio ético de la profesión".

La batalla judicial del CPACF

El organismo que nuclea a los letrados porteños espera la respuesta de la justicia en el marco de la causa que presentó contra el Estado Nacional por incluir a los abogados como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera operaciones sospechosas en ciertos supuestos. La demanda fue rechazada en primera instancia. 

Cuando se inició el expediente, Gil Lavedra destacó que “todas las actividades de los abogados y abogadas se encuentran amparadas por el secreto profesional, no solo las que se vinculan con el litigio”.

“En ese sentido, el abogado no puede ser obligado a violar la relación de confidencialidad  denunciando a su propio cliente. Y además exigiéndosele informes, evaluaciones de riesgos e incluso indagar sobre el origen de los fondos de los clientes”, aseguró el presidente del Colegio.

Finalmente, Gil Lavedra subrayó que “la ley es inconstitucional, y obviamente perjudica la tutela judicial efectiva y el derecho a trabajar de los abogados y abogadas”.