El fuero Comercial se para de manos contra la Corte

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se paró de manos contra la Corte Suprema de Justicia y postuló que “no pueden recurrirse” las sentencias del fuero por ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Este pronunciamiento ocurre la misma semana en la que el Máximo Tribunal rechazó los planteos de la Asociación de Magistrados y la Defensoría General de la Nación que pretendían suspender o dejar sin efectos la aplicación del traspaso.

De este modo, los jueces Alejandra N. Tevez, Héctor O. Chómer, María Guadalupe Vásquez, Eduardo R. Machin, Alfredo A. Kölliker Frers, María Elsa Uzal, Pablo D. Heredia, Gerardo G. Vassallo y Ernesto Lucchelli expresaron que “constituye un evidente error someter las decisiones de la justicia nacional al control de un tribunal instituido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya competencia material no coincide de ninguna manera con la legalmente asignada a las cámaras nacionales de apelaciones”.

En esta línea de pensamiento, los camaristas advirtieron que ellos y sus colegas nacionales “con asiento en la capital de la República siguen siendo tales (nacionales) y equiparables a todos los efectos a los jueces federales y, además, no pueden asimilarse a los jueces locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lógica implicancia no es posible colocar al Superior Tribunal de Justicia de esta última como órgano revisor de las sentencias de aquellos sin incurrir, al mismo tiempo, en un rompimiento de las fronteras que hay entre la jurisdicción nacional y la local”.

"En otras palabras, los jueces de la Ciudad de Buenos Aires que integran su actual justicia ordinaria, por su carácter federal pertenecen a la Nación y allí deben permanecer. Toda pretensión contraria vulnera las disposiciones constitucionales federales, debiendo entenderse ella como el resultado, en todo caso, de erróneas conclusiones derivadas de confusiones conceptuales que omiten la ubicación apropiada de la autonomía local que, en la delimitación constitucional, no altera las competencias de la Nación para la aplicación de la s normas de fondo y por ende tampoco la organización de los fueros correspondientes", continuaron.

En cuanto al rol del fuero, los jueces comerciales resaltaron que su competencia “tiene proyección jurídica, económica, patrimonial, humana y social fuera del ámbito de la Capital de la República con implicancias que, en verdad, pueden ser según los casos nacionales e incluso regionales o provinciales”, y advirtieron: “No meditar sobre ello lleva a consecuencias prácticas insostenibles”.

En uno de los tramos más duros del plenario, la Cámara Comercial subrayó la “gravedad institucional” originada por el fallo “Levinas”, aunque reconoció también los efectos de su postura: "Pero honestamente interpretamos que no seguir en el futuro la doctrina de la Corte Suprema (…) en el caso 'Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaias s/ incidente de incompetencia', es el camino correcto, el único que queda para someter la cuestión al imperio de la Constitución y de leyes que se encuentran vigentes y que no han sido declaradas inconstitucionales".

También remarcaron que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial "es alzada para la revisión de decisiones adoptadas por organismos nacionales" al entender "en los recursos intentados contra las resoluciones particulares y generales dictadas por la Inspección General de Justicia, las resoluciones definitivas de carácter particular de la Superintendencia de Seguros de la Nación y las multas aplicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a las entidades aseguradoras".

Y añadieron: “Evidentemente, el control de los actos de la administración pública nacional antes referidos y de otros que por razón de brevedad no se han mencionado, no pueden ser objeto de revisión por un tribunal local 'no nacional' como es el Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Entre seguir un fallo erróneo del Alto Tribunal sometiéndonos ciegamente a su autoridad y decidir de acuerdo a lo que juzgamos correcto, elegimos lo último. Si de otro modo fuera, traicionaríamos nuestra conciencia, resignando a la par el ejercicio independiente de las magistraturas que ejercemos en nombre del pueblo de la Nación”, remató.

En uno de los tramos más duros del plenario, la Cámara Comercial subrayó la “gravedad institucional” originada por el fallo “Levinas”, aunque reconoció también los efectos de su postura: "Pero honestamente interpretamos que no seguir en el futuro la doctrina de la Corte Suprema (…) en el caso 'Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaias s/ incidente de incompetencia', es el camino correcto, el único que queda para someter la cuestión al imperio de la Constitución y de leyes que se encuentran vigentes y que no han sido declaradas inconstitucionales".

“Entre seguir un fallo erróneo del Alto Tribunal sometiéndonos ciegamente a su autoridad y decidir de acuerdo a lo que juzgamos correcto, elegimos lo último. Si de otro modo fuera, traicionaríamos nuestra conciencia, resignando a la par el ejercicio independiente de las magistraturas que ejercemos en nombre del pueblo de la Nación”, remató.

La jueza María Elsa Uza, ampliando fundamentos, también destacó las "graves consecuencias institucionales que para la Justicia Nacional, para el Ministerio Público Fiscal y para el Ministerio Público de la Defensa", y que además provoca “una evidente incerteza jurídica y un general desconcierto institucional entre los actores del sistema judicial, así como una distorsión y artificial dilación de los procesos, solo en perjuicio de los justiciables, que dañan gravemente la integridad del tejido institucional de la República”. Cabe señalar que la camarista Matilde E. Ballerini no suscribió la decisión por encontrarse en uso de licencia.