En una resolución de dos carillas a la que tuvo acceso DiarioJudicial.Com, los fiscales recordaron que Canicoba interrogó a De Santibañes por cohecho pero también por el delito de “peculado”, que prevé penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para “el funcionario público que sustrajere caudales o efectos” que se le habían confiado “por razón de su cargo”.
Los fiscales indicaron que en la resolución de la semana pasada, el juez concluyó que el soborno para aprobar la ley de reforma laboral durante el gobierno de la Alianza se pagó “con caudales públicos” que “habrían sido asignados para al maniobra con un fin distinta de la prevista”.
Por eso, pidieron “ampliar el procesamiento” de De Santibañes al delito de peculado, aún más gravoso que el de cohecho activo en calidad de autor, tal la figura utilizada por el juez Canicoba.
Mañana, en tanto, está previsto que se presenten en los Tribunales los cuatro procesados para notificarse de la resolución y fijar domicilio en la Capital Federal, tal como lo ordenó el magistrado.
Además, De Santibañes, José Genoud, Emilio Cantarero y el arrepentido Mario Pontaquarto no podrán abandonar el país sin una autorización expresa del juzgado.