Recordemos que los familiares de las 74 víctimas -69 pasajeros y 5 tripulantes- habían responsabilizado a los imputados por los desperfectos técnicos que ocasionaron que la nave cayera a tierra en el Uruguay.
En su fallo Ballestero afirmó que el avión estaba "legalmente autorizado" para realizar los vuelos y agregó que no presentaba "indicios de fallas o mal funcionamiento" que pudieran haber provocado su caída”.
Asimismo expresó que no existió ningún elemento probatorio que permitiera inferir que la instrucción de los pilotos adoleciera de algún tipo de deficiencia o incapacitación desencadenante de la tragedia.
La causa estuvo demorada en la Corte Suprema durante dos años por una "cuestión de competencia", atento la disputa de competencia sobre si debían ser los tribunales argentinos o los uruguayos los que entendieran en la causa.
No obstante, hace unos meses el alto tribunal resolvió que la causa debía seguir adelante en los tribunales argentinos, y fue entonces cuando Ballestero tomó las indagatorias a los funcionarios de Austral y de la Fuerza Aérea.
Para el juez el trágico hecho fue obra de una falla humana, y de ese modo deslindó responsabilidades de la aerolíneas Austral y la Fuerza Aérea, pero para el Ministerio Público Ballestero "interpretó la prueba de manera fragmentada y arbitraria".