La crítica principal es a la interpretación de Nisman sobre la aplicación del artículo 24 del Código Penal, que prevé que se compute un día de reclusión por cada dos de prisión preventiva, y que dentro de este período no se tome en cuenta el cómputo del 2x1, actualmente derogado.
De esta forma, las eventuales penas se extenderían muchísimo para el caso de los sindicados partícipes necesarios del ataque. Telleldín, por caso, lleva nueve años y siete meses preso sin condena, pero –según el pedido fiscal- por este largo cautiverio se deben considerar cumplidos algo menos de cinco años de reclusión.
Todos ya llevan más tiempo detenidos a disposición del Tribunal Oral que del propio ex juez de la causa, Juan José Galeano, quien en el caso de los policías Juan José Ribelli, Irineo Leal, Raúl Ibarra y Mario Bareiro, detuvo en 1996 y los mandó a juicio en 1999.
Para ellos el fiscal también pidió la pena máxima de reclusión perpetua, el panorama sería aún peor: ellos llevan presos siete años y siete meses, que según el pedido fiscal deberían considerarse, tras una eventual condena, en algo menos de cuatro años de reclusión cumplida.
Así, si el Tribunal Oral Federal 3 hace lugar al pedido fiscal, deberían pasar casi dos décadas en prisión para acceder a algún beneficio de libertad transitoria.
El fiscal Nisman explicó en su alegato que actualmente no está vigente la llamada “ley del dos por uno” y también se derogó otra norma que anulaba el artículo 24 del Código Penal. Después, argumentó que los cambios en la ley procesal deben tener vigencia inmediata, sin tener en cuenta el principio de la ley más benigna.
Cerca del representante del ministerio público reconocieron que este último punto es materia discutible, especialmente en casos que –como este- las modificaciones procesales tienen un correlato concreto en una condena penal.
Para sustentar su posición, Nisman se basó en el caso “Carrizo” de la Cámara de Casación, donde se falló a favor de la aplicación inmediata de las modificaciones de procedimiento para los casos abiertos.
De cualquier forma, en los corrillos del juicio, pocos se animaron siquiera a imaginar que en un escenario futuro los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo accedan al pedido fiscal.
Primero porque siguen vigentes las dudas sobre si las pruebas contra los policías se sostienen a pesar de la nulidad –ya reclamada por Nisman- de la declaración incriminante de Telleldín. Segundo, por la aplicación opinable de la ley procesal.
Enojo defensista
Desde los cuarteles de las defensas, que se preparan para alegar a partir del próximo martes 24, el abogado de Telleldín, Víctor Stinfale, aseguró que la solicitud del fiscal Alberto Nisman es una forma más de presionar al Tribunal al momento de dictar sentencia.
“Una manera técnica de querer sobresalir en los medios", sentenció Stinfale en su habitual estilo. “Esto no es habitual, es muy rebuscado”, remarcó al opinar sobre el pedido fiscal.
En la misma línea, el abogado de Ribelli, José Manuel Ubeira, especuló que la intención de la Fiscalía es asegurar que no se aplique el 2x1 ante eventuales condenas. “Hace años que en este país no se dicta algo así”, advirtió el letrado.
“Un pedido de reclusión y no de prisión es inhabitual, hace años que en este país no se dicta algo así, pero confiamos en que el Tribunal va a absolver a Ribelli porque no tiene nada que ver con el atentado”, dijo Ubeira.
Por su parte el defensor de Leal, Jorge Poblete, estimó que el Tribunal no tomará en cuenta el pedido fiscal y basará sus decisiones en las distintas variantes aplicables de las leyes que reducen las penas por el tiempo pasado sin condena.
¿Nuevos detenidos?
Lo que tampoco pasó desapercibido en los corrillos del juicio oral más largo de la historia judicial argentina es el duro pedido de penas –también de reclusión- para los acusados por los delitos cometidos al extorsionar a Carlos Telleldín.
Es que al pedir penas para imputados que nunca estuvieron en prisión, como el abogado bonaerense Juan Carlos Bottegal y el comisario Alejandro Burguete, para quienes el fiscal reclamó 10 y 7 años de reclusión respectivamente, se agita el fantasma de una doctrina común para los jueces Pons y Larrambebere: detener a un imputado apenas terminado el juicio oral aunque la sentencia no esté firme.
Y el caso de Burguete tiene aristas especiales. Es que durante el juicio oral quedó claro que hubo un pedido del gobierno de la provincia de Buenos Aires para el todavía comisario no fuera apartado de La Bonaerense, como sí ocurrió con los otros imputados. Por esta movida, el fiscal pidió que se investigue al camarista de la Casación provincial Federico Domínguez.