De este modo, será el Plenario del Cuerpo el que ahora deberá someter a votación el dictamen del letrado para decidir si el juez debe ser suspendido y posteriormente enfrentar un proceso de remoción en su contra.
El expediente había vuelto al órgano de acusación del Consejo a raíz de que en el último acuerdo de 2003, el consejero Abel Cornejo había solicitado a sus pares que consideraran la posibilidad de tomarle declaración al ex fiscal Raúl Calle Guevara, en el marco de la causa.
Ante ese pedido fue el senador Ricardo Gómez Diez, quien propuso devolver la causa a la Comisión de origen, ya que había considerado que era en vano votar sobre el dictamen, porque los testimonios de ese ex fiscal se debían tomar como prueba luego de que se presente ante los consejeros.
Según consta en el expediente Calle Guevara, ex fiscal de la Cámara Comercial, se presentó ante los consejeros el 19 de febrero último, oportunidad en la que fue interrogado sobre los comportamientos del juez ya que por varios años se desempeño como fiscal ante la Cámara Nacional del fuero Comercial.
El dictamen aprobado por la acusación del cuerpo señala irregularidades en las que habría incurrido el magistrado al momento de instruir causas, como así también para la designación de síndicos destacando las pérdidas de expedientes en su juzgado.
Según el texto tales prácticas abarcan “ocultamiento de datos a la Cámara del Fuero de la situación real del Tribunal a su cargo, la ausencia de investigación al instruir los sumarios administrativos”, y “el extravío que no puede calificarse de casual del libro de notas del Juzgado”.
El documento expresa que existieron designaciones puntuales de peritos, síndicos o demás auxiliares de la justicia “sin expresión de motivos y en abierta transgresión a lo dispuesto en el art. 129 del R.J.N”.
Señala también como “otro hecho demostrativo del desorden imperante en el tribunal a cargo de Favier Dubois... la constatación de la pérdida del libro de actas del año 1996 lo que impidió revisar los registros de designaciones de auxiliares y funcionarios durante ese período”.
Asimismo, como conclusión se aconseja al pleno del Consejo de la Magistratura la suspensión del magistrado “por el peligro que implica dejar en sus manos la gestión del Tribunal”.