Pero allí se encontraron con que los senadores radicales aún no habían estudiado en profundidad el tema y que, sin embargo, manifestaban algunas diferencias de forma en la implementación. Tras manifestar que comparten "la esencia del proyecto", los senadores de la UCR se manifestaron nuevamente, tal como lo hizo el ex presidente Alfonsín en más de una oportunidad, a favor de integrar un "jurado mixto o escabinado", como el que rige hoy en la provincia de Córdoba.
Al respecto cabe destacar el seminario "Experiencias del enjuiciamiento penal con jurados en la Argentina" que se realizará el lunes proximo en la Ciudad de Buenos Aires en donde jueces y fiscales cordobeses disertarán sobre las vivencias que han tenido en el ejercicio de su función durante los juicios por jurados que viene implementando dicha provincia desde 1998.
Por su parte, la presidenta de la comisión, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, decidió postergar hasta el martes próximo la firma del dictamen, que "se pondría a consideración del plenario antes de fin de año", según estimó el propio Yoma. El predictamen analizado se elaboró en base a una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y al proyecto del senador riojano Jorge Yoma. Pero además, se tomaron opiniones de diferentes sectores interesados en la sanción de la iniciativa, en una ronda de consultas que incluyó la visita del ministro de Justicia, Horacio Rosatti.
De acuerdo al predictamen elaborado, el tribunal de jurados estará integrado por 12 miembros titulares y 6 suplentes, seleccionados a partir del padrón de ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos. Entre los requisitos para ser jurado, la iniciativa requiere tener entre 21 y 75 años, haber completado la educación básica obligatoria, contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos, tener domicilio conocido y profesión o empleo. Asimismo, se pide tener una residencia permanente no inferior a 2 años en el territorio de jurisdicción del tribunal y gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño de la función, que será entendida como una carga pública.
Si el proyecto es aprobado, no podrán cumplir funciones como jurado los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y las provincias, los directivos de un partido político, abogados, escribanos y procuradores matriculados, integrantes de Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad en actividad y ministros de un culto reconocido, entre otros.
Según fuentes parlamentarias, uno de los puntos de mayor discusión fue el que determina los delitos que estarán alcanzados por el nuevo sistema. No obstante, se decidió incluir homicidio simple, homicidio agravado, homicidio culposo, homicidio preterintencional, aborto, aborto imprudente, violación seguida de muerte, privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y tortura seguida de muerte, entre otros delitos.