El titular del CELS, Horacio Verbitsky, tras una exhibición de videos, denunció que en la provincia de Buenos Aires se está violando el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que “ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Pero además, adujo que también se está violando la Convención contra la Tortura y advirtió que la situación de trato degradante que sufren los reos “se vuelca a la sociedad”.
Por su parte, el Ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, argumentó que se están cumpliendo planes para el traslado de presos desde comisarías a institutos penitenciarios. Di Rocco precisó que en los últimos meses fueron traspasados de comisarías a institutos carcelarios unos 8.000 presos, pero aún persisten en esa situación unos 4.300.
Asimismo, aclaró que el Servicio Penitenciario no puede absorber a los nuevos detenidos y que ”si seguimos trasladando desde comisarías a cárceles vamos a colapsar el sistema”. Por lo cual, entendió oportuno describir un ambicioso plan de construcción de nuevas cárceles, -de las cuales, la gran mayoría ya está en desarrollo-, que redundará en 5.608 nuevas plazas hasta junio de 2005.
Para esas obras, Di Rocco señaló que la inversión prevista es de 233 millones de pesos, lo que se complementará con una multiplicación por cuatro del presupuesto para la compra de pulseras eléctricas, destinadas a los delincuentes primarios que no cumplen arresto.
Por su parte, el CELS pidió una nueva audiencia ante la Corte para un seguimiento de los plazos en que dice estar cumpliendo su estrategia para frenar con estos abusos el gobierno provincial. No obstante, el alto tribunal no fijó plazos para tal acuerdo de partes, ya que sólo se limitó a una “exhortación” para que las partes “tomen contacto” en busca de una solución.