El objetivo de los diputados oficialista era tratarlo este miércoles pero la falta del número de legisladores necesarios para eso, hizo que se suspenda el debate. Esto se debe a que como el proyecto no cuenta con dictamen de comisión de la Cámara de Diputados, se necesitaban dos tercios de los diputados presentes en el recinto para habilitar el debate; número que el oficialismo no juntaba.
De todas formas, este miércoles a las 9 hs. la Comisión de Asuntos Constitucionales de diputados se reunirá para aprobar el proyecto y así, al tener dictamen de comisión, podrá tratarlo en febrero. A la reunión está previsto que asistan ONG y asociaciones de justicia para manifestar su rechazo a la iniciativa como vienen haciendo públicamente.
La mecánica parlamentaria podría hacer que el proyecto regrese a Senadores y allí sancionarse definitivamente. Esto podría ocurrir si los diputados oficialistas no logran los 129 votos necesarios para aprobar el proyecto que viene del Senado; pero si otro bloque de diputados presenta un dictamen de minoría este podría ser apoyado por el oficialismo y así conseguir los votos necesarios. De esta forma el proyecto original se verá modificado por lo que debe volver a la cámara de origen, el Senado. Allí, el oficialismo cuenta con las dos terceras partes necesarias para aprobar el proyecto original.
Esta posibilidad la advirtió este martes la diputada nacional del ARI y miembro del Consejo de la Magistratura Marcela Rodríguez durante un acto que reunió a los partidos de la oposición para rechazar el proyecto y donde estuvieron presentes Elisa Carrió, Mauricio Macri, Ricardo López Murphy y el socialista Hermes Binner, entre otros.
El proyecto, impulsado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, fue aprobado por la Cámara de Senadores el pasado 21 de diciembre. La iniciativa pretende realizar una amplia reforma al funcionamiento del Consejo. Entre ellas la modificación más resistida es reducir los actuales 20 miembros del cuerpo a 13.
Así, el organismo judicial quedaría integrado por 6 legisladores nacionales (4 de la mayoría y dos de la minoría y se eliminarían las segundas minorías que forman parte del Consejo), 3 jueces (hoy son 4 y queda afuera el Presidente de la Corte Suprema), dos abogados (se reduce a la mitad su número actual), un académico (actualmente son dos) y un representantes del Poder Ejecutivo (este se mantiene).
La iniciativa fue criticada por asociaciones de abogados, jueces, de la sociedad civil, los partidos de oposición, la Cámara Civil y los propios miembros del Consejo. Alegan que la nueva composición es inconstitucional ya que no respeta el equilibrio que pide el artículo 114 de la Constitución para integrar el Consejo.
Ven que con esta composición el gobierno de turno podría bloquear cualquier decisión ya que contaría con cinco consejeros (dos diputados, dos senadores y el representante del Poder Ejecutivo) sobre 13. Para acusar a un juez o confeccionar la terna de candidatos a jueces se requiere el voto las dos terceras partes de los consejeros.
El Consejo ya esta completo
Este martes juró como nuevo consejero en representación del Poder Legislativo el senador nacional por el Frente para la Victoria, Nicolás Fernández. Con la llegada de Fernández, tal como había adelantado este medio la semana pasada, se completa la renovación política del Consejo.
El pasado 15 de diciembre asumieron Diana Conti y Carlos Kunkel, diputados del Frente para la Victoria, Federico Storani, diputado de la UCR y el senador de ese partido, Norberto Massoni. Todos reemplazaron a los diputados y senadores que dejaron el cuerpo el 9 de diciembre cuando se les vencieron sus mandatos como legisladores, condición necesaria para ser consejeros.
Fernández, que llega para reemplazar a Jorge Yoma, nuevo embajador argentino en México, se recibió de abogado en 1985 en la Universidad Católica de Santa Fe, es santacruceño y realizó todo su carrera política en su provincia. Fue asesor del Consejo Deliberante, de la Intendencia de Caleta Olivia y de la Municipalidad de Las Heras. En 1999 asumió como diputado nacional, banca a la que renunció en 2001 para asumir como senador nacional, cargo que renovó en las última elecciones legislativas de octubre. En 1997 fue juez de Faltas de la ciudad de Caleta Olivia.