El proyecto modifica el artículo 281 del Código Procesal Penal que dispone los casos para dictar la prisión preventiva. Actualmente, teniendo en cuenta que para que los cambios entren en vigencia deben ser promulgados por el Poder Ejecutivo, la pérdida de la libertad se da cuando se trata de delitos de acción pública y abigeato o cuando se presuma que puede haber fuga o entorpecimiento de la investigación por parte del imputado.
Los cambios aprobados aumentan a siete causales más el dictado de la prisión preventiva. Son cuando se imputan delitos cometidos:
Por pluralidad de intervinientes y en forma organizada.
Con la utilización de menores de 18 años.
En forma reiterada y las circunstancias y las características del hecho y los antecedentes personales del procesado presumiblemente obstará la aplicación de una pena de ejecución condicional.
Con el uso de armas de fuego o cualquier otra propia o impropia.
Cuando se considerase que existen razones fundadas para entender que el detenido representa un peligro cierto de nueva lesión de bienes jurídicos o de reiteración delictiva. Este peligro podrá presumirse cuando se tratare de delitos cometidos mediante la disposición de medios económicos, humanos o materiales en forma organizada, o en razón de antecedentes que permitan extraer indicios vehementes acerca de la peligrosidad del imputado.
Por otra parte, también se podrá dictar la prisión preventiva en caso de flagrancia de delitos de robo y hurto; por la portación ilegal de armas, excepto cuando se comprobare que no haya intención de utilizarla, y cuando se entregue un arma de fuego a quien no revista la condición de legítimo usuario.
Además, el juez tendrá 10 días para decidir la prisión preventiva luego de la declaración indagatoria del imputado (antes eran cinco) y se limitó el pago de sólo dos fianzas por parte de una misma persona.
Los cambios, aprobados este miércoles, fueron resistidos por la oposición tucumana pero la amplia mayoría que el oficialismo tiene en la Legislatura le permitió aprobarlos sin sobresaltos. Desde distintos sectores calificaron inconstitucionales las reformas y señalan que mejorarán la inseguridad, objetivo del proyecto.
El lunes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le envió una carta a Alperovich, con copia al ministro de Justicia de la Nación, Alberto Iribarne, para que retire el proyecto al considerar que su puesta en práctica “redundará en un agravamiento de la situación de los lugares de detención provinciales y en una aplicación inconstitucional de la prisión preventiva”.
“La iniciativa del Poder Ejecutivo en análisis resulta violatoria de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, se ha comprobado que resulta una política ineficaz para enfrentar los problemas de seguridad y morosidad judicial que se alegan”, sostuvo el CELS
La ONG recordó que cuando la provincia de Buenos Aires endureció su legislación penal en 2.000 provocó “un incremento del 51% de las personas privadas de libertad en 5 años, lo que convirtió a la provincia en una con las mayores tasas de encarcelamiento de América Latina”.