A través de una resolución que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial porteño, la Fiscalía General de la Ciudad fijo una serie de “criterios generales” para la actuación de los fiscales en casos de contravenciones de tránsito, y como principal medida se dispuso no hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba pedida por aquellos infractores que por conducir alcoholizados pongan en grave peligro la vida de terceros.
La resolución firmada por Germán Garavano tiene como principal objetivo “reforzar el rigor con que deben ser tratadas las infracciones al artículo 111 del Código Contravencional local”, que reprime a aquel que disminuye su capacidad de conducir por hacerlo en estado de ebriedad.
Así, en aquellos casos en el que el riesgo creado haya resultado de suma gravedad, no se acordarán suspensiones de juicio a prueba. Mientras que, además de ello, en tales circunstancias el Ministerio Público Fiscal propiciará la imposición de la sanción de arresto, que también prevé el nombrado artículo 111.
En los restantes casos, la probation sí podrá otorgarse pero siempre que el imputado acepte, junto con otras medidas pertinentes (como aprobar un curso de educación vial, realizar tareas comunitarias, etc.), “abstenerse de conducir por el tiempo que se fije atendiendo a la envergadura del hecho”. Para lo cual el contraventor deberá entregar su licencia a la Oficina de Control de Suspensión del Proceso a Prueba del Ministerio Público Fiscal.
Para llegar a estas disposiciones, Garavano tuvo en cuenta las “alarmantes” estadísticas de los últimos años sobre seguridad vial. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en 2007 en las calles porteñas hubo 11.871 víctimas entre choques y atropellamientos, un 30% más que el año anterior. En tanto que la Asociación Civil "Luchemos por la Vida" ha indicado que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de los jóvenes de entre 15 y 20 años de edad, constituyendo, en líneas generales, un tercio de los accidentes de tránsito fatales.
Y si bien no es la única causa que dispara esos números, los riegos de la conducción en estado de embriaguez es una de las principales preocupaciones de la Fiscalía General de la Ciudad en materia de tránsito. Por ello, Garavano también avaló el plan de seguridad vial anunciado por Mauricio Macri en mayo pasado, que entre otros aspectos, instó el arresto de los que conducen alcoholizados y dispuso que en tales casos se secuestre el vehículo por 24 horas.
En ese sentido, la resolución de la Fiscalía General señala que “la simple inmovilización del rodado en el lugar en que se ha verificado la infracción no resulta una medida viable”. Ello, porque obligar a las fuerzas de seguridad a permanecer en el lugar custodiando el rodado hasta tanto desaparezcan los efectos de la sustancia consumida o simplemente para custodiar el automóvil, “resulta a todas luces improcedente”: importaría desconocer que también el uso de los recursos públicos, y sobre todos los dirigidos a la prevención de infracciones, contravenciones y delitos, “debe administrarse racionalmente”.
Respecto a la entrega de la conducción del vehículo a un acompañante que se encuentre en condiciones de hacerlo, para Garavano tampoco “despeja totalmente los riesgos que es obligación neutralizar, sobre todo cuando el presunto infractor no es llevado a una institución sanitaria, sino que sigue su camino en el mismo vehículo”.
En el territorio de la Ciudad, los automovilistas tienen permitido conducir con hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Si bien depende del físico de cada uno, ello equivale, aproximadamente, a dos copas y media de vino o una medida de whisky.
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