El mandatario de Sudán, se constituiría en el tercer jefe de Estado imputado por el CPI, los otros fueron el serbio Slobodan Milosevic, ya fallecido, y el liberiano Charles Taylor, aunque hay que destacar, que es el primero acusado mientras está ejerciendo su cargo.
En respuesta a esta imputación, el Gobierno sudanés manifestó desconocer tales acusaciones, mientras que la fuerza militar internacional de la ONU y la Unión Africana en Darfur ha suspendido sus actividades.
Según Moreno Ocampo, Al Bashir debe ser arrestado y enjuiciado por su supuesta responsabilidad penal por lo que sucede en Darfur, imputándole un total diez cargos, de los cuales tres son por genocidio, cinco por crímenes de lesa humanidad y dos por crímenes de guerra, incluyendo tortura, asesinatos, acoso, daño psicológico y violación. En virtud de ello, el fiscal pidió una orden de arresto internacional y solicitó al tribunal que ordene la congelación e intervención de las cuentas de Al Bachir.
A su vez, se le imputa al mandatario haber ejercido el control sobre las fuerzas y agentes que asesinaron durante los cinco años que lleva el conflicto de Darfur, al menos a 35.000 civiles. Además, se lo responsabiliza de la "muerte lenta" de entre 80.000 y 265.000 personas, refugiados y desplazados que tuvieron que abandonar sus hogares por la guerra en esa zona.
La fiscalía sostiene que el cuestionado presidente del país africano, creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias Fur, Masalit y Zaghawau, las cuales constituyen una población de unos 2,5 millones de personas, lo que representa más de la mitad de los habitantes de Darfur.
La CPI había anunciado en mayo que había emitido órdenes de detención contra Ahmed Harun, ex viceministro del Interior y actual ministro de Ayuda Humanitaria, y a Ali Abd Al Rahman, alias Ali Kushayb, jefe de la milicia islámica conocida como Janjaweed.
El origen del conflicto de Darfur tuvo lugar en febrero de 2003, cuando dos grupos se rebelaron contra el gobierno de Khartum, al que acusaban de la pobreza de la zona y de discriminar a la población negra en favor de la árabe. La respuesta de las fuerzas armadas sudanesas, apoyadas por la milicia árabe Janjaweed, derivó en una catástrofe de muertes y desplazados. En marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó mediante una resolución al fiscal general de la CPI abrir investigaciones sobre los responsables de asesinatos y violaciones que azotan a Sudán.
La CPI fue creada en 2002 como la primera Corte permanente mundial sobre crímenes de guerra. Sin embargo, algunos países (como Estados Unidos, China e India) no reconocen su jurisdicción.
La Corte funciona como un organismo autónomo de cualquier otro poder o estado. Esto no impide que en el cumplimiento de su deber, cuente con la colaboración de los poderes públicos de cada país.
Los crímenes que puede conocer este tribunal internacional, se encuentran limitados a los señalados en el artículo 5 del Estatuto de Roma, que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el delito de agresión.
La investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos, se puede iniciar de tres formas: por remisión de un Estado Parte a la Corte de una situación particular, por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de oficio por el Fiscal de la Corte, como ocurrió en este caso.
Las penas pueden ser de prisión por hasta un plazo no mayor de 30 años, o cadena perpetua en caso de crímenes de gran envergadura, además de una multa y el embargo de dinero o bienes que sean de propiedad del condenado. El cumplimiento de la pena se puede llevar a cabo en el país sede de la Corte (Holanda) o en otro territorio, de acuerdo con los convenios que se puedan establecer entre dicho tribunal y otros Estados.
Respecto de la actuación del fiscal argentino en el CPI, desde que Moreno Ocampo aceptó el cargo en el año 2003, ha logrado que la Corte emitiese doce órdenes de detención contra presuntos autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la República Democrática de Congo, Uganda, República Centroafricana y Darfur.
También consiguió que fuesen trasladados a La Haya cuatro sospechosos: tres milicianos congoleses acusados de reclutar a niños soldados y de crímenes sexuales, y recientemente, al ex vicepresidente congolés Jean Pierre Bemba.