Por una mayoría de 9 votos provenientes de la porción conservadora, el CGPJ eximió a la magistrada del pago de 305 euros al cual la había condenado la comisión de disciplina del órgano de gobierno de los jueces, como multa por cometer una falta grave al “dirigirse a los poderes, autoridades, funcionarios o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras de sus actos”.
El disparador de esta decisión había sido el contenido de la carta que la jueza le había escrito al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tras el recurso presentado por la Fiscalía de Alicante que admitió la la Dirección General de los Registros y del Notariado contra el veto de la jueza a casar a dos homosexuales extranjeros.
En dicho escrito, Alabau afirmaba que la decisión de ese organismo era "ilegal" y era parte de "intereses políticos y propagandísticos". Además dijo que se sentía víctima de "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y que el representante del Ministerio Público se había convertido "vergonzosamente" en un "apéndice de ese mismo Gobierno al perseguir a quienes imparten justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado".
El vocal integrante del CGPJ de orientación conservadora, presentó la postura que finalmente fue apoyado y rechazó la multa a la jueza por dos razones. La primera tenía como argumento el derecho a la libertad de expresión como marco donde se produjeron las declaraciones de la magistrada.
En segundo lugar, se trata de la nueva directiva que se puso en marcha desde el 2006. En esta nueva doctrina, el Consejo tiene seis meses para investigar las acusaciones a los jueces, plazo que se vio vencido en el caso de Alabau.
Por último, Merino consideró que no habría encaje en el catálogo de sanciones para jueces y magistrados los insultos proferidos contra el fiscal porque no comprometen "la honorabilidad personal y profesional del miembro del Ministerio Público ni al ejercicio de su función".En España la ley de matrimonio entre parejas del mismo sexo fue aprobada en el 2005 por el Congreso por 187 votos a favor, 147 en contra y cuatro abstenciones. De esta forma, este país se convirtió en el cuarto en el mundo que da acceso a la conformación de una familia entre personas homosexuales.
La modificación del Código Civil los habilitaría de allí en adelante a contar con los mismos derechos que los heterosexuales, incluso la posibilidad de adoptar. La misma ley es aplicable entre parejas de extranjeros en cuyos países no esté en vigencia la norma que permitan el matrimonio entre gays.
El primer veto de Alabau a las bodas gays lo formuló en julio de 2005 cuando se negó a casar a dos mujeres lesbianas. No sólo paralizó la boda, sino que planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley del Matrimonio entre Homosexuales pero el Tribunal Constitucional no admitió a trámite la iniciativa.
En su recurso, la Fiscalía aseguraba que las negaciones de la jueza a las bodas gays "limitan los derechos individuales del colectivo" y, además, que la magistrada dicta esas resoluciones "a sabiendas" de que van a ser revocadas.
España cuenta con 5.062 parejas homosexuales, aunque la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales elevan las bodas a unas 13.000, ya que Justicia cuenta solo con datos de registros civiles informatizados (400 de los 432 existentes) y carece de información de los enlaces celebrados en Ayuntamientos sin Registro Civil y que se inscriben en los más de 700 juzgados de paz.
En la Argentina., las uniones civiles sólo están legisladas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Río Negro y Villa Carlos Paz, Córdoba.