Quienes presentaron sus opiniones en la cámara alta fueron el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Julio Castro, el Coordinador del Proyecto de Reforma a la Legislación Procesal Penal Carlos Beraldi; Adriana Sala, integrante del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la UBA, el director del Centro Interdisciplinario de Investigación y Evaluación Forense, Mariano Castex; y representantes de la Asociación Madres del Dolor.
El fiscal Castro sostuvo dijo que el registro es necesario y útil para las investigaciones pero consideró que debe ser diseñado como una herramienta penal y no administrativa. También dijo que es necesario mantener “estricta reserva de los datos contenidos en los registros, por cuanto su conocimiento masivo traería aparejado problemas tanto para la víctima como para el victimario”.
“Con este tipo de banco de datos se podrá avanzar en la investigación de estos delitos atroces”, dijo por su parte Beraldi. El jurista también hizo algunas salvedades sobre el alcance de los datos que contendrá el registro.
Por un lado, manifestó la importancia de distinguir entre imputados y condenados y también propuso que haya una restricción en el acceso público a la información que el registro contenga para que no ocurra que “la gente termine haciendo justicia por mano propia”.
Po su parte, Isabel Yaconis, Vivian Perrone, Silvia Irrigaray, de la Asociación Madres del Dolor, y su abogado, Claudio Mazaira, avalaron los proyectos. Yaconis, propuso que los proyectos que se analizan “contemple la creación de un registro de autores desconocidos, con los datos almacenados en las fiscalías”.
Las iniciativas que se debaten proponen crear el Registro Especial de huellas genéticas de personas condenadas por delitos sexuales para que contenga información de ADN de todos los agentes policiales, penitenciarios y de policía judicial, las que se obtengan en una investigación policial o en un proceso penal y los datos genéticos de las víctimas de este tipo de delitos.
También se discute la puesta en marcha del Registro Especial de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual que contendrá datos personales, genéticos, fotográficos y causídicos. A los datos genéticos sólo se podrá acceder orden judicial y el resto de la información se publicará en internet.